La Fiscalía General de Venezuela pidió el jueves a un tribunal suspender la instalación de la Asamblea Constituyente a pocas horas de que ese organismo inicie sus actividades.
Dos fiscales solicitaron ante una corte de Caracas la «anulación» de la puesta en marcha de la Constituyente -prevista para el viernes- por la «presunta comisión de delitos durante el proceso electoral» de sus delegados, indicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
La petición se produjo horas después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz anunciara que había abierto una averiguación a cuatro de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral tras la denuncia de la empresa de tecnología informática Smartmatic sobre la supuesta manipulación de los resultados de los comicios.
Ortega Díaz dijo en una entrevista con la cadena CNN en Español que es probable que en las elecciones del 30 de julio «ni siquiera haya participado el 15% de los electores».
«Pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad», afirmó la alta funcionaria que por años estuvo vinculada al oficialismo y que ahora está enfrentada al gobierno.
El miércoles el director general de Smartmatic informó desde Londres que había una discrepancia de un millón de votos en las cifras de participación en los comicios.
Al rechazar esa afirmación el presidente Nicolás Maduro aseguró que el directivo de la firma trató de «manchar el proceso» debido a las «presiones» que recibió sobre el cierre de las cuentas bancarias de la compañía en Estados Unidos.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, vinculada al oficialismo, también objetó la declaración de la compañía que provee servicios a ese organismo desde 2004 y dijo que Smartmatic participó en todas las auditorías del proceso.
Lucena, que fue sancionada la semana pasada por Estados Unidos, agregó que el Consejo Nacional Electoral se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales ante «tan irresponsables declaraciones».
El Consejo Nacional Electoral informó el domingo que ocho millones de personas participaron en la elección. La oposición sostiene que solo votaron unas 3,5 millones.
El gobierno avanza en la reforma de la carta magna en medio de la tensión política desatada por las protestas que se han extendido por cuatro meses y que han dejado al menos 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos.
