Tras el llamado a huelga, continúa la protesta de los trabajadores en el país. Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y miembro de la coalición sindical venezolana que recientemente convocó a huelga general, ofreció un balance ante “el fraude consumado el 30 de julio en las elecciones a Asamblea Nacional Constituyente”.
Al respecto, indicó que “quedó en evidencia la victoria obtenida con el llamado a huelga” que culminó el pasado domingo.
Resaltó que los trabajadores desconocen el “fraude” y denuncian la pretensión de imponer normas y leyes sin sustento.
“Ha quedado demostrado que más allá del terrorismo, persecución y acoso, al anunciarse este fraude, los trabajadores venezolanos dimos un paso al frente y participamos activamente en la lucha por la democracia y la restitución del hilo constitucional”, comentó la gremialista, quien recordó que el sector no sólo ha sido parte de la huelga, sino también de la consulta del pasado 16 de julio, acto al que se sumaron más de cinco millones de trabajadores.
Aseveró que la respuesta del domingo fue la abstención y que los sectores públicos, incluidos los de mayor presión, no asistieron a la votación.
En el Metro de Caracas, la abstención fue del 90 %. Sector eléctrico se abstuvo 85 %, petrolero 85 % e industrias básicas entre el 53 % y 80 %. En instituciones públicas nacionales y regionales, alcaldías y gobernaciones la abstención también fue de 85 %.
Nueva etapa
A juicio de Máspero la consciencia de los trabajadores apunta al restablecimiento de las Constitución y la democracia, por eso pasan a una etapa de “rebelión laboral”.
Anuncian entonces públicamente el desconocimiento de los resultados de las elecciones del domingo. Igualmente, exigen a la Asamblea Nacional se instale en sesión permanente y se acaten las decisiones del pasado 16 de julio, entre estas la designación de los nuevos poderes y convocatoria de elecciones generales.
También solicitan la aprobación de la ley de garantía para empleados en ejercicio del artículo 350 de la Constitución.
Continuarán con el proceso de denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por despidos basados en razones políticas.
