Las estimaciones de los representantes de los trabajadores del sector público quedaron cortas, ante el nivel de abstención registrados el pasado domingo en las elecciones a Asamblea Nacional Constituyente, a las cuales no asistió el 90 % de la nómina dependiente del Estado venezolano, compuesta por aproximadamente 3.500.000 ciudadanos, según cálculos de estructuras sindicales.
Organizaciones como la Federación de Trabajadores de la Administración Pública (Fentrasep), estimaban una abstención del 85 %, pero las expectativas fueron superadas.
Así lo informó Servando Carbone, coordinador nacional de la organización y representante de los trabajadores del sector público en la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), quien señaló que sólo en Guayana, la abstención a los comicios fue del 77 %, a pesar la presión de la cual fueron objeto los empleados en todo el país.
“Había un fuerte seguimiento. A mí me llamaron tres veces para saber si iba a acudir a votar, porque también formé parte de las filas del PSUV, pero fui del chavismo crítico…. No les paré. Les decía que sí, que luego iría, pero no fue así”, comentó Carbone, quien subrayó que los empleados públicos ya no permiten chantaje.
A su juicio los resultados hechos públicos por el Consejo Nacional Electoral, son parte de “un juego político del Gobierno”, en el que ellos responden, según actuaciones de quienes les hacen oposición. “Si nosotros salimos a la calle nos matan y si sacamos más de siete millones de expresiones en la consulta popular del pasado 16 de julio, ellos tienen que sacar ocho millones en la Constituyente. Ese es su juego político”.
La poca asistencia a las elecciones se pudo apreciar en los centros electorales, a pesar de la “operación remolque” aplicada a los trabajadores, a quienes se les buscaba en sus hogares para acudir a votar.
“Todos sabemos que lo que muestren o digan es un montaje con el que no logran engañar a nadie”, comentó Carbone, quien se refirió a un audio de supuestos trabajadores del Metro de Caracas, en el cual se refería que a las 4:00 de la tarde no habían votado ni 300 personas en un punto en particular.
En continua amenaza
Sostuvo que el trabajador no cae en engaños ni chantajes porque ha sido el Presidente Nicolás Maduro, quien ha “devastado el salario de los venezolanos”.
Sobre las amenazas a trabajadores del sector público de suspenderles vacaciones o pago de bono de alimentación, por no acudir a votar, como se rumoró, expresó que “al Gobierno le quedan sus últimos días”.
En este sentido, recordó que los movimientos de trabajadores ha realizado las diligencias necesarias para protegerlos en caso de ser objeto de amenazas por razones políticas, razón por la cual en la Asamblea Nacional se debe discutir en lo sucesivo un proyecto de ley que les brinda respaldo en estos casos. También existe protección por parte de la Fiscalía General del Ministerio Público, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha sido informada sobre las violaciones a derechos laborales en Venezuela, así como el llamado a la huelga general realizado por organizaciones sindicales.
“El Gobierno en su discurso atacó el paro civil, pero no la huelga general de trabajadores, porque sabe que la ley y organismos internacionales nos protegen”, comentó Carbone, para quien las elecciones del pasado domingo fueron, propias de una votación interna de un partido político, que en este caso fue el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Advirtió que no podían por tanto obligar a trabajadores públicos que no son militantes del partido, a participar en dicho proceso.
Cambio de leyes laborales
Antes las propuestas laborales presentadas por candidatos a constituyentitas, las cuales podrían materializarse con el debate de esta figura, el coordinador nacional de Fentrasep, reiteró que “se trató de elecciones internas del PSUV” y por tanto, lo que allí se ejecute no será acatado.
“Nosotros estamos inscritos en el artículo 350, de desobediencia civil y defensa de los valores democráticos, así como también lo hicieron otros millones de venezolanos el pasado 16 de julio”, comentó Carbone, quien confía que en los próximos días se instale un gobierno de transición que acabe con la oferta de “paz sepulcral” del Gobierno, que “se cree con licencia para matar a los venezolanos que le oponen en las calles”.
Esperan que en las próximas horas se definan nuevas acciones.
