El candidato por el sector empresarial a la Asamblea Nacional Constituyente, Ángel Sánchez, también presidente de la Federación Nacional de Entes Productivos, organismo que se fundado en 2004 y que agremia a 373 afiliados en todo el país, en visita a EL IMPULSO, calificó como una “oportunidad inédita” el hecho de “participar con voz propia en las altas decisiones del Ejecutivo nacional” a través de la Constituyente, ya que “anteriormente los lapsos y los nexos se establecían a través cúpulas, lo cual trajo graves consecuencias”.
Lamentó que desde 1974 al presente la industria se haya monopolizado en los sectores alimentación, farmacéutica y de limpieza, por lo que no se produjo el crecimiento de la industria venezolana. Aun cuando “en 1999 se activan garantías económicas”.
Si bien reconoció que la Constitución de 1999 “levantó el vetó de la economía venezolana y participación en ésta”, con lo que se dio un avance importante, “obvió al sector industrial”, lo cual el sector objetó en su momento, al igual que en la reforma de 2007.
Insiste que el artículo 314 de la Constitución, el cual pena la usura, debe ser aún más drástico, ya que si esto fuese así “no viviésemos el fenómeno del bachaqueo” presente en la actualidad. Critica que en la actualidad se pene esta práctica, pero los mecanismos de penalización sean potestad de los fiscales.
Igualmente, cuestionó que al igual que la Constitución de 1961, la de 1999 “prohíba el monopolio, pero no lo elimine”, por lo cual siguen existiendo estos e impiden la libre actividad económica.
Señaló que el monopolio es el “gran enemigo de la libertad económica previa”. No obstante, justificó el “monopolio natural” iniciado por el Gobierno a través de procesos de expropiaciones, las cuales dijo “debieron ser devueltas a sus dueños, sino se logro colocar las empresas a tono”.
Al consultarle si dichas reformas o ajustes no se puede aplicar a través de otras figuras, manifestó que “hablar sólo del tema económico sería un tanto egoísta”.
En tal sentido, manifestó que como parte de las propuestas piden que se constitucionalice el apoyo a la industria, tal y como se hizo en 1999, con el sector turismo, ya que las políticas actuales “protegen a los sectores primario y terciario, pero no el secundario”.
Señaló que tras la reforma de 1999 la actividad turística ha tenido un gran crecimiento y que su condición actual se debe a la “ diatriba y conflictividad social y política, que intenta poner un orden fático en la nación e impide que el sector crezca”.
Asimismo, señaló como “perentorio” que la Nación asuma como asunto de Estado la reindustrialización del país.
Al consultarle si la recuperación se lograría sólo con la constitucionalización de la actividad, reconoció que se requiere de maniobras globales al respecto.
En su opinión “la arquitectura financiera debe ser pensada”, así como “el aparataje del Banco Central de Venezuela”, ya que a través del apoyo Constitucional este debe tener más facultad para manejar la política de la moneda. Aseveró que el BCV no está facultado para tomar decisiones importantes con respecto “al ataque terrorista que sufre nuestra moneda, situación que en 1999 eso no se había analizado”.
Sobre el esquema cambiario, indicó que Venezuela debe “desdolarizar su economía” y crear “una nueva estructura financiera”, asunto que “no es sólo de sabiondos, sino de todas y todos”.
Esto permitiría reconocer el inmenso potencial de las riquezas naturales del país, de las cuales propone se monetice el 1% a través de facultades especiales del BCV, lo cual representaría $2 billones.
Sobre el sistema cambiario, dijo: Estamos de acuerdo que hay que desmontarlo. Estamos absolutamente de acuerdo que debe ser un proceso acelerado, porque en su momento tuvo un por qué. Cuando Chávez lo instituyó fue para desmontar desbalances entre el Estado venezolano y sectores desfavorecidos… Venezuela vuelve a sucumbir cuando se forma la diatriba política.
Se debe establecer otras partida para que “todas y todos accedan a las divisas”, pero todos deben participar”.
Criticó que Venezuela siga siendo un país rentista y manifestó que las “tremendas industrias no invierten dólares en el país”.
Aseveró que empresario de Fedecámaras asisten a las convocatorias que el Gobierno dirige al sector. Sin embargo, “el tema aquí no es repartir el dinero”.
A juicio de Sánchez la crisis se debe a la falta de voluntad política de todos los actores. No obstante, criticó que lo político haya afectado el desarrollo económico de país.
Al consultarle si su participación en el proceso constituyente representaría una decisión política, tomando en cuenta el contexto venezolano, manifestó: Es mi derecho a participar.
