Con el ataque a la sede de la Asamblea Nacional por parte de los colectivos afines al régimen, la democracia ha quedado muy mal herida y peligra la salud de la República ante los dos escenarios antagónicos que se presentarán este domingo 16 y el domingo 30 cuando finaliza el mes.
Tal es la apreciación que tiene Wilfredo Páez, politólogo, docente universitario y dirigente social, quien dice que a cada instante la expectativa es mayor por lo que puede ocurrir entre el lunes 17 de julio y el primero de agosto, tomando en consideración que al oficialismo se le han ido de las manos el control total de los paramilitares, ya que éstos actúan impunemente y mucho más ahora cuando el Tribunal Supremo de Justicia le ha transferido las competencias de la Fiscalía General a la Defensoría del Pueblo, cuyo titular no deja un instante de pensar como activista del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Los colectivos, dice, han venido siendo utilizados en los últimos cien días como otro órgano represor del régimen, ya que se les ha visto rodear a los manifestantes, agredirlos y hasta llevárselos para entregárselos inmediatamente a los efectivos uniformados, para que sean luego imputados por diversos delitos.
Los colectivos hoy es la expresión de la barbarie que tiene el régimen para intentar calmar, mediante el psicoterror, el uso de armas y el agavillamiento, a las personas que han decidido tomar la calle, amparados en el derecho que otorga la Constitución de manifestar, pacíficamente y sin armas, para exigir públicamente un cambio político, que permita salir de esta crisis económica y social que sufren millones de personas por falta de comida, medicinas y, para colmo de males, la galopante inflación que se intensifica cada vez que el Presidente de la República decreta un aumento del salario mínimo y del bono alimentario, porque los productos aumentan dos o tres veces sus precios, agravándose la situación de la inmensa mayoría que tiene los más bajos ingresos.
Regreso al siglo 19
El ataque a la Asamblea Nacional nos trasladó al 24 de enero de 1848 cuando partidarios del Presidente José Tadeo Monagas, para impedir su enjuiciamiento por parte del Poder Legislativo, asaltaron el Congreso y mataron a cuatro diputados y a otras tres personas, hecho condenado por el ilustre intelectual Fermín Toro.
En esta ocasión la condena ha sido de mandatarios, parlamentarios y organizaciones internacionales, que se han podido dar cuenta que la situación venezolana es verdaderamente crítica y que la violencia, contraria a lo que ha venido diciendo propagandísticamente el régimen, es de la oposición.
Aún más, del propio seno de partidarios del oficialismo han salido individuos responsabilizándose por esa agresión criminal contra diputados de la tercera edad, como es el caso de Américo de Grazia que salió en defensa de su colega Armando Armas cuando éste era golpeado a puntapiés en el suelo, así como otros parlamentarios.
Maduro consideró que eran, según sus palabras, “hechos extraños” y dijo que condenaba el ataque y ordenó la investigación; pero, hecho extraño es que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el CICPC, no hiciera las experticias. Y, por supuesto, no se interesara en determinar las identidades de los agresores, a pesar de que los rostros de muchos de ellos están en los videos que circulan en las redes.
Y no es extraño que el diputado Diosdado Cabello, que se desvinculó de la Asamblea Nacional y reiteradamente ha dicho que ese cuerpo es inexistente, dijo en su programa de televisión que lo ocurrido fue que el pueblo se defendió.
Ellos y me refiero entre otros al vicepresidente Tareck El Aissami, cuando hablan de pueblo se refieren a los colectivos. Ese día, una vez que este funcionario fue al Salón Elíptico, después de ofender a los parlamentarios en su discurso, hizo un llamado precisamente a ese “pueblo” para que se presentara a la Asamblea Nacional y los colectivos le hicieron caso inmediatamente para actuar como siempre lo hacen: violentamente contra todo el que piense diferente al chavismo.
Las milicias, preparadas para actuar
Maduro ha venido hablando continuamente de la unión cívico militar como característica de su gobierno, una forma de tratar de sembrar temor frente a quienes le adversan
Y desde el 17 de abril, cuando ya las manifestaciones habían alcanzando fuerza en todo el territorio nacional, no ha dejado de seguir amenazando con la actuación de las milicias, que según anunció en esa ocasión, serían extendidas a medio millón de efectivos para luego llegar al millón.
Es de recordar que mediante ley habilitante, Chávez, en el 2007, decretó la creación de la Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela, cuerpo con su comando general y su estado mayor, siendo, violentando la Constitución, el quinto componente de la Fuerza Armada.
Este cuerpo, concebido para actuar con las armas y del cual se dice que tiene 165 mil individuos es comandado actualmente por el general César Ramón Vega González. Y Maduro, al hacer el mencionado anuncio, precisó que entregaría medio millón de fusiles rusos, los famosos Kalashnikov, así como los demás aprestos militares. Si se llegase a cumplir su meta, el cuerpo miliciano vendría a ser casi diez veces al número de militares que hoy tiene la República, según dicen los entendidos en la materia.
Pero, no hay que olvidar que en mayo de 2013, en acto celebrado en Caracas, anunció otra milicia, la obrera, para incorporarla al sistema de protección e integridad de la patria, lo que evidencia que el jefe del Ejecutivo Nacional siempre ha tenido en su pensamiento, porque en su proyecto de dominio político es mantenerse en el poder indefinidamente, es contar con un enorme número de civiles armados con el propósito, no de paz como pregona, sino para una guerra interna en caso de que el régimen se vaya al precipicio.
El 27 de junio, en acto público, Maduro hizo una advertencia muy seria al respecto. Como ya sabía que más del 80 por ciento de la población rechaza su propuesta de una Constituyente para implantar el Estado comunal, disimuladamente comunista, amenazó que lo no se logre con los votos, se alcanzaría con las armas.
Ya hemos visto que durante estas manifestaciones se han producido más de noventa muertes y también públicamente bailando salsa con su compañera marital, por cierto candidata a la Constituyente, como si en el país no pasara nada.