Los fiscales generales de Iberoamérica respaldaron el jueves a su colega de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y rechazaron todo hostigamiento, acoso y amenaza contra los procuradores de la región en una declaración conjunta en Buenos Aires, donde vetaron la presencia de su posible sustituta.
«Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y a los integrantes del ministerio público de Venezuela», señala la declaración de la asamblea extraordinaria de fiscales, convocada para tratar el caso de la funcionaria venezolana, que fue leída por la anfitriona argentina, Alejandra Gils Carbó.
La declaración repudia también «todo acto contrario a la independencia y autonomía» de los fiscales y rechaza «cualquier tipo de acción de hostigamiento, acoso, amenaza, intimidación y agresión dirigidos contra los titulares de los ministerios públicos».
Antes del inicio de la asamblea, se le negó el ingreso a Katherine Haringhton, designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como posible sustituta de Ortega que intentó formar parte del encuentro.
«No se le permitió el ingreso porque el conjunto de los fiscales y procuradores entiende que la fiscal general venezolana es Luisa Ortega y en su lugar se permitió la participación de su representante, Patricia Parra», dijo a la AFP una fuente del Ministerio Público argentino.
Gils Carbó, procuradora general de Argentina, dijo en rueda de prensa que junto a su colega boliviano y presidente de la Asociación Iberoamericana del Ministerios Públicos (AIMP), Ramiro Guerrero, recibirían más tarde a Haringthon, en un encuentro sin acceso a la prensa.
La fiscalía venezolana sostiene que la aprobación del nombramiento de la vicefiscal es potestad exclusiva del poder Legislativo, así como la remoción de la fiscal. Pero el TSJ, acusado por sus detractores de servir al presidente Nicolás Maduro, declaró a la Asamblea Nacional en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.
A través de una llamada por teleconferencia, Ortega recordó a sus colegas que no pudo estar presente en la asamblea porque se le prohibió la salida del país y denunció también que congelaron sus cuentas bancarias.
«Hay una distorsión de nuestro sistema republicano establecido por nuestra Constitución. Tenemos que avanzar con la convicción y certeza de que es la Constitución la que marca nuestro proceder», enfatizó ante los máximos representantes de los ministerios públicos de 17 países.
Estado de Derecho
Los fiscales expresaron un contundente apoyo a Ortega, a su colega de Guatemala, Thelma Aldana, así como a la argentina Gils Carbó, en el ojo de la tormenta por cuestionamientos sobre su imparcialidad por parte del gobierno de Mauricio Macri.
«En todo el continente se han dado actos que alteran el normal desempeño de nosotros, los fiscales y nos preocupa», afirmó el secretario general de la AIMP, el costarricense Jorge Chavarría.
Agregó que confrontan «casos muy complejos como el de Odebrecht que está en varios países, el caso del buffet panameño del cual se divulgaron documentos (Panama Papers)», enumeró al destacar la tarea de «defender el estado de derecho» por parte de los fiscales.
De su lado, el fiscal boliviano dijo que la declaración se refiere en «forma genérica» a todos sus pares en la región.
«No se puede echar a un fiscal o procurador por un decreto o por una situación o interés personal o de un grupo. Hay mecanismos constitucionales y legales a los que hay que apelar», advirtió Guerrero, presidente de la AIMP.
Remoción arbitraria
En el caso Venezuela, Gils Carbó recordó que en apego a la ley de ese país, una eventual remoción de la fiscal general corresponde a la Asamblea Nacional «y no por un fallo del Tribunal Superior de Justicia».
«Apoyamos a nuestros compañeros venezolanos, y sostenemos la necesidad de autonomía», dijo también por videoconferencia el fiscal general de España José Maza Martin, en sintonía con sus colegas de Chile, Ecuador y Bolivia.
Luisa Ortega denunció el miércoles que el gobierno venezolano le anuló el pasaporte a un funcionario que iba a representarla en el plenario.
En medio de una profunda crisis económica, social y política, Venezuela está sacudida desde el 1 de abril por manifestaciones casi diarias contra el gobierno que han dejado 95 muertos.
