La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, consideró “inoficiosa e impertinente” la prueba grafotécnica solicitada por el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para verificar la autenticidad de su firma.
Durante una entrevista telefónica concedida a la emisora Radio Con Vos de Argentina, Ortega Díaz argumentó que el documento del 21 de enero de 2016 resume parte de los actos que realizó el Consejo Moral Republicano, mas no la designación de los magistrados.
En tal sentido, sostuvo que su firma aparece en esa acta y no en la del 16 de diciembre de 2015, cuando supuestamente se verificaron los expedientes de los candidatos a magistrados.
En esta oportunidad, explicó que el proceso que se le sigue en la actualidad por el TSJ representa una clara intención de removerla de su cargo, facultad que solo le corresponde a la Asamblea Nacional.
Dijo que las decisiones de esa instancia judicial agravan la situación económica, escasez de alimentos y medicinas, por lo que afirmó que Venezuela requiere un canal humanitario para solventar esta coyuntura.
Señaló que estos problemas no son abordados por el gobierno nacional y pareciera que no se les quiere buscar solución.
Derechos humanos
Ortega Díaz expresó que en estos momentos el país atraviesa una grave violación de los derechos humanos nunca vista en su historia republicana.
“Ni durante la Guerra Federal, ni antes en Venezuela se había vivido tal violación a los derechos humanos”, aseguró la máxima autoridad del Ministerio Público.
Adicionalmente, explicó que otra situación grave es la pretensión del gobierno de invadir la independencia de otros poderes públicos, para favorecer la permanencia del Ejecutivo en el poder.
Desconocimiento a decisiones inconstitucionales
Durante la entrevista la Fiscal General manifestó que desconoce cuáles son las intenciones del proceso misterioso que emprendió el TSJ en su contra, pues aseguró que puede pasar cualquier cosa en un escenario de inseguridad jurídica.
Explicó que fue denunciada por supuestas faltas graves y desde entonces la han tratado como si hubiera cometido un delito, al tiempo que señaló que transcurrieron 13 días para poder acceder a su expediente y conocer su contenido.
En dicho trámite, la máxima representante del Ministerio Público indicó que un diputado se arrogó la condición de titular de la acción penal señalando una sentencia que no había sido anunciada para el momento, por lo que se preguntó como tal situación fue posible, ya que esta fue publicada ocho días más tarde.
De igual manera, denunció que sus defensores al presentarse ante tal instancia judicial fueron rechazados, por lo que ha sido dificultoso accesar a ese proceso amañado. Por otra parte, Ortega Díaz reiteró que desconoce la legitimidad de los magistrados del TSJ y, en consecuencia, sus decisiones, así como cualquier otro acto ilegal, inconstitucional e ilegítimo que estos promuevan.
En este sentido, aclaró que está dispuesta a permanecer en el Ministerio Público a menos de que por vía de facto procedan a allanar o a ingresar violentamente, como lo hicieron en la Asamblea Nacional.
La alta funcionaria comentó que no le teme al gobierno por ello es que se ha desatado un proceso de retaliación en su contra.
Solidaridad internacional
Ortega Díaz expresó su solidaridad con la procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, y destacó su afinidad en la lucha justa en defensa de la Constitución y las leyes de su país; igualmente, aprovechó la oportunidad para hacerle un llamado a mantener la firmeza en pro de la estabilidad de las instituciones y la democracia.
En cuanto a la reunión convocada por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos para el próximo jueves 13 de julio, dijo que le será imposible viajar hasta Buenos Aires para formar parte del encuentro porque está sujeta a una medida de prohibición de salida del país. Sin embargo, intentará exponer a través de una video conferencia las razones que han puesto al Ministerio Público en una situación bochornosa.
La Fiscal General lamentó que tanto en Venezuela como en Argentina se ha registrado el fenómeno de la judicialización de la política, con lo que se busca resolver los problemas políticos a través del derecho penal.
En este contexto, expresó que para estos gobiernos todo lo que constituya un obstáculo deberá ser derrotado por la vía electoral, o en su defecto por la vía penal, al respecto destacó el trabajo del jurista argentino Zaffaroni, quien aborda ampliamente el tema del derecho penal del enemigo.
Rechazo popular
La máxima representante del Ministerio Público argumentó que en Venezuela ha habido un rotundo rechazo contra la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria se efectuó violando la propia carta magna, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. En este caso el Presidente de la República se arrogó la condición del soberano, lo que ha traído mucho rechazo y por supuesto una ola de violencia en las calles.
Mencionó que se debería retirar dicha convocatoria, para abocarse a las elecciones regionales vencidas, así como al despliegue de un plan para resolver el tema de la falta de alimentos y medicamentos que afecta a la población.
Durante su alocución también enfatizó que como titular de la acción penal no le sorprende, ni está en contra de que a una persona le den medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad como en el caso de Leopoldo López.
A su vez, informó que en el transcurso de estos últimos 100 días fue pedida la libertad de muchas personas, sin embargo, los tribunales se han dado a la tarea de dictar medidas privativas así no lo soliciten los fiscales.
Del mismo modo, señaló que los jueces en Venezuela como brazo ejecutor del gobierno han aplicado lo mismo contra detenidos aun cuando no tienen ningún delito; además Ortega Díaz objetó el hecho de que los tribunales militares se avoquen a procesar a civiles por delitos ordinarios.
Por último, rechazó la siembra de pruebas, los procedimientos amañados, la práctica de allanamientos masivos sumamente graves y violatorios de los derechos humanos sin orden judicial, que se ven día a día en el país.
Para finalizar, la Fiscal General aseguró que a pesar de las adversidades seguirá defendiendo la Constitución, igualmente se mantendrá ejerciendo sus atribuciones contempladas en el ordenamiento jurídico.
