Como un nuevo golpe a la estabilidad de los trabajadores, califica la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) el aumento al salario mínimo anunciado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, este domingo.
El pronunciamiento lo hizo el Secretario General (e) de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, quien reiteró que “si bien es cierto que compensa un poco la difícil situación de la clase obrera venezolana, no resuelve el problema de fondo ocasionado por las erradas políticas económicas de este gobierno”.
El dirigente sindical considera que este ajuste, que llevó el ingreso mínimo mensual a 250.531 bolívares a partir del 1º de julio, se traducirá en mayor inflación y desempleo, toda vez que no cubre ni un tercio del costo de la canasta básica alimentaria, que hace un mes estaba por el orden de los 900 mil bolívares, según los estudios más recientes, agregando que una vez más el Jefe del Estado aumentó el sueldo sin consultar con los trabajadores y con el sector productivo del país, como lo establecen los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Torres recordó que, en esta oportunidad, el beneficio del cestaticket sigue ubicándose por encima del salario, lo que representa una desmejora a la calidad de vida del trabajador y en sus planes a futuro.
-Esto porque no se ve reflejado en las prestaciones sociales, bono vacacional, prima por antigüedad, entre otros beneficios contractuales, aseguró.
De acuerdo con el anuncio presidencial el Bono de Alimentación se ubicará en 153 mil bolívares y el sueldo mínimo en 97.531 bolívares.
El vocero de la CTV reiteró que se trata de una nueva violación al artículo 91 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado fijar el salario mínimo acorde con el costo de la canasta básica.
-El Gobierno está al margen de lo previsto en los convenios suscritos con la OIT sobre la consulta tripartita para la definición del ingreso mínimo de los trabajadores (convenio 26); se sigue trabajando para ganar por comida, no por un desarrollo integral de la familia contrario a contemplado en la norma 95, sobre la protección del salario; y el 122, que habla de la política de empleo-, precisó.
En cuanto a la posibilidad convocar a una huelga general, Torres advirtió que es una decisión que requiere de la más amplia consulta y consenso posible, y hasta ahora no ha sido discutida con las organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación. Por el contrario lo que sí está planteado, agregó, es una protesta nacional, “pareciera que el Gobierno está impulsando un paro cívico nacional, con esa actitud irresponsable violatoria de la Constitución”.
