La ONU consideró este viernes «muy preocupante» la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de prohibirle abandonar el país a la fiscal general Luisa Ortega, crítica con el régimen, y de congelar sus bienes mientras decide si la enjuicia.
“La decisión del Tribunal Supremo venezolano del 28 de junio (…) contra la fiscal general (…) es muy preocupante, al igual que la actual violencia en el país», declaró en Ginebra el portavoz de la ONU para los derechos humanos, Rupert Colville.
Ortega, una veterana chavista, sorprendió al país al convertirse en una férrea opositora del presidente Nicolás Maduro.
Hace tres meses, esta abogada de 59 años, sorprendió al país al denunciar la «ruptura del orden constitucional» en Venezuela a raíz de dos sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Fue el inicio de su divorcio con el Gobierno.
La fiscal general emprendió desde entonces una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, cuya destitución solicitó afirmando que ella nunca aprobó su designación -como exige la ley- en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.
El diputado oficialista Pedro Carreño pidió al Supremo -acusado de servir al Gobierno- que enjuicie a Ortega y la destituya, alegando que «mintió» al decir que no había aprobado la selección de 33 magistrados, y solicitó evaluar su «salud mental».
El TSJ decidirá el martes si la lleva a juicio.
«Desde marzo, la fiscal general ha dado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la ola de manifestaciones, insistiendo en la necesidad de celebrar juicios debidamente y la importancia de la separación de poderes, y pidiendo la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria», recordó Colville.
«Nos preocupa el hecho de que las decisiones del Tribunal Supremo parezcan ir encaminadas a retirarle el mandato y las responsabilidades» a la oficina de la fiscal, aseguró.
El relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, también criticó en Ginebra la decisión del TSJ respecto a Ortega.
«Este es otro paso más contra la institucionalidad democrática y la autonomía del Ministerio Público de Venezuela», dijo.
El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra criticó las declaraciones de Colville. «Es lamentable que el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Rupert Colville, nunca manifieste ‘preocupaciones’ por la conducta terrorista de algunos sectores y actores de la oposición venezolana, pero con inusitada frecuencia objete el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas», lamentó.
