De seguir será un proceso viciado. Sectores económicos, gremios profesionales, estudiantes y sociedad civil, acudieron ayer a la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE), para entregar un documento en el cual solicitan se atiendan numerosas interrogantes, las cuales versan sobre las inconstitucionalidades que rodean el llamado a Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para el que también estaban abiertas este día las postulaciones de candidatos a constituyentitas.
El petitorio legal cuenta con el aval y asesoría de abogados como Emilio Urbina y Julio Pérez Graterol, quienes sostuvieron que la convocatoria presenta severas faltas de ley.
Urbina detalló que el referido documento es presentado en virtud de que se realizó el exhortó al proceso sin reglamento o normativa que lo regule, tal y como sí ocurrió en el llamado a ANC de 1999.
Según sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicadas en 1999, 2000 y 2006, las bases comiciales de estos procesos deben ser consultadas al pueblo.
“Pero estas bases usurpan el poder constituyente originario al no consultarse a los venezolanos”, comentó Urbina, quien el pasado mes también introdujo ante el poder judicial una demanda de nulidad con medida cautelar de suspensión de efectos de las Basas Comiciales para la ANC, por presentar vicios de inconstitucionalidad, como el desconocimiento al modelo federal venezolano, la falta de consulta popular y la usurpación de la soberanía popular por la soberanía territorial (contempla representación de los municipios y no de los ciudadanos), entre otros.
No se puede acudir a un proceso electoral sin reglas claras y es esto lo que expone en el referido documento. Existen severas dificultades para las postulaciones y es así porque se desconocen los fundamentos y registros de los siete sectores en los cuales se distribuye la consulta, esquema que se corresponde con estilos “fachistas” que organizan la sociedad en estamentos, como en el ejercicio de Benito Mussolini.
Detalló que en la Constitución vigente sólo se sectoriza la población indígena, por razones históricas y culturales. Otra sectorización resulta inconstitucional.
A esto agregó que en sentencia de la Sala Constitucional del TSJ de enero de 2003, la cual estableció el procedimiento para activar el artículo 350 de la Carta Magna, también se establecieron las características del voto universal, directo y secreto, por lo que lo opuesto es incostitucional.
El documento presentado este día no es un comunicado, sino una solicitud de información que esclarezca por qué no existe reglamento, entre otras faltas.
Instrumentos de este tipo también se entregaron en Portuguesa, Yaracuy y Táchira. En los próximos días igualmente se replicará en otras entidades.
Lo desconocen por irregular
El abogado Pérez Graterol cuestionó que se quiera llevar a cabo una convocatoria electoral que no indica cifras sobre integrantes a la ANC, ni representaciones sectoriales, tampoco normativa que regule la emisión de la constancia de pertenecer a un sector y otro. Igualmente, se desconoce calendario, tiempo de impugnación de registros electorales, duración de campaña y otros.
Sin embargo, a pesar de esto se inició el proceso de postulaciones de candidatos, lo que lo hace un proceso arbitrario, improvisado y desapegado de la Constitución.
Por su parte, Giorgio Reni Casas, presidente de la Cámara de Industriales de Lara y miembro de Fedecámaras – Lara, rechazó que el llamado a ANC no cumpla con el protocolo electoral, con el propósito de “satisfacer los intereses del Ejecutivo”.
Advirtió que el mayor peligro que corren sociedad civil y sectores, con la ANC es que se existe total desconocimiento de qué reformas se aplicarán con esta.
Estaría conformada por adeptos al Gobierno, ya que participar sería validar un llamado inconstitucional. La negativa a la participación por parte de factores opositores estaría sustentada porque no existen reglas claras del juego.
José Manuel Alejos, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara, aseveró que su participación como sectores se basa en el deber de todos los venezolanos de defender la Constitución y la legalidad de los procesos. “No se puede aceptar que se obvie la consulta popular y que se viole el derecho al voto universal, directo y secreto”.
Indicó que el llamado a ANC afecta la soberanía ciudadana, más aún cuando se desconocen los términos en los que se aplicaría este instrumento “por demás aderezado con el Plan de la Patria”.
Recordó que el mismo presidente Hugo Rafael Chávez Frías defendió la consulta popular, legado que con dicha convocatoria se está negando. Tal y como lo refirió este día Héctor Contreras, vocero para Lara de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien agregó que el llamado a Constituyente sólo obvia los verdaderos problemas del país, relacionados con las básicas del ciudadano: alimentación, salud, seguridad, educación y estabilidad social, entre esta la laboral.
“El Gobierno en medio de una severa crisis, busca perpetrarse en el proceso, con un golpe a la Constitución, lo cual vemos con preocupación”, comentó el gremialista, quien indicó que el proceso es organizado con bases determinadas a partir de la subjetividad de los mismos mandatarios, apoyados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CNE y TSJ.
Más adelante
Urbina detalló que la presentación de esta solicitud sirve de sustento para iniciar una demanda internacional contra el gobierno venezolano por el llamado inconstitucional a ANC.
“Aquí no hay adornos. Es la introducción de un documento por un proceso que ante la luz pública no muestra reglas claras… De continuar así, el proceso será viciado y da sustento a la activación del 350 (artículo constitucional), que se aplica cuando se han agotado todas las vías”, manifestó.
