En la simbología social, ciudadana y urbana, una estatua expresa una señal de respeto hacia la persona cuya imagen se representa. Una estatua es un homenaje, un reconocimiento a la labor de alguien para la posteridad. Se parte de la premisa de que sobre su obra, su huella e importancia para el devenir de esa ciudad, estado o país, no existe duda alguna, y al contrario, genera un acuerdo general y colectivo que justifican hacerle una estatua.
¿Pero que pasa cuándo esto no es así? ¿Qué ocurre cuando la estatua en lugar de representar la unidad de un grupo social en torno a una figura pública, refleja su fractura o desacuerdo?
La denominada “revolución” se levantó sobre el deseo de redención y cambio social y político que Hugo Chávez encarnó, en un momento de profunda crisis y agotamiento del sistema democrático venezolano. La Constitución de 1999, y el proceso constituyente que la hizo posible, se dio bajo un discurso y praxis que defendía al soberano y a su expresión en las urnas de votación. Pero la violencia como semilla germinal del movimiento golpista que condujo, a la postre se harían visibles en la imposición un modelo de dominación sustentado en la redistribución y malversación de una enorme bonanza petrolera, la militarización del Estado, y en el control partidista absoluto de todos los poderes públicos, conjugado con los vaivenes de la estrategia que la oposición y la sociedad civil fueron estableciendo frente a este accionar.
Pero lo que presenciamos en la actualidad, es un claro cuadro de profunda ruptura del Estado de Derecho y el intento de imponer un régimen dictatorial, ante la negativa de la élite militar que detenta el poder y de la fachada civil que exhibe, a cumplir la Constitución, reconocer la inédita crisis económica, humanitaria, de empobrecimiento, escasez y destrucción del tejido productivo que su fracaso ha ocasionado. La represión que adelanta contra todas las protestas y manifestaciones que se desarrollan en la geografía nacional, las torturas y violaciones a los derechos humanos, son una política de Estado, dirigida a suprimir cualquier disidencia o expresión de rechazo a la tiranía que pretende imponer.
La “Constituyente” que aceleradamente intenta imponer, a sabiendas de que perdería hoy abrumadoramente una consulta abierta, universal, directa y secreta, es un burdo parapeto que violenta y pretende ignorar la soberanía popular, con unas “elecciones” diseñadas para garantizar la destrucción del modelo republicano y democrático plasmado en la Ley fundamental de 1999, y que, ante el rechazo de todo un país, ya no le permite a esa élite mantenerse el poder.
La podredumbre que exhibe a estas horas la conducción del Poder Ejecutivo, producto del saqueo del fisco nacional, la falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas, las mafias enquistadas en el control de las pocas divisas que van quedando, y el apoyo a la actuación conjunta de grupos paramilitares con los funcionarios que hoy reprimen a la población, han generado un profundo malestar y rechazo en la mayoría de venezolanos que desea un cambio.
Ídolos falsos. Verdades endebles. Egolatrías infundadas. Un poder que miente y aspira perpetuarse y silenciar la libertad. Eso y más ocurre, cuando caen las estatuas.
