Cuando falta un día para la presentación prevista de los negociadores del gobierno y de la mayor guerrilla de Colombia, reinaba el martes la expectativa por el arribo de ambas delegaciones a la capital noruega para sostener las primeras de paz en más de una década.
La cancillería de Noruega, que sirve de anfitrión a las partes, ha dicho en comunicados que el miércoles 17 de octubre ambas delegaciones ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre los diálogos, pero no da dado detalles.
El gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dijeron que las negociaciones comenzarán esta semana en Oslo, una tranquila urbe de unos 600.000 habitantes y cuyo orden vial no podría contrastar más con la voluptuosa selva colombiana o sus llanos a más de 9.000 kilómetros de distancia.
Enrique Santos, asesor de los negociadores del gobierno y hermano del presidente colombiano Juan Manuel Santos, afirmó que las conversaciones darán inicio definitivamente el jueves.
El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como «Timoleón Jiménez» o «Timochenko», dijo en una entrevista divulgada en Bogotá el lunes por la radio colombiana RCN que se habían producido «demoras no previstas» de tipo burocrático, en el caso del gobierno, o de índole climático que habrían retrasado, por ejemplo, la salida rumbo a Oslo de «Iván Márquez», cuyo nombre real es Luciano Marín Arango y de quien dijo ya está en camino para cumplir con la cita.
Márquez es, como Timochenko, uno de los seis miembros del «secretariado» o máxima jefatura de las FARC, y encabeza el equipo negociador rebelde.
Funcionarios colombianos dijeron que ya Márquez se encuentra en Cuba, pero dijeron carecer de otros detalles. Los funcionarios hablaron a condición de no ser identificado por carecer de autoridad para hablar públicamente del tema.
Los guerrilleros también han incluido en su equipo de voceros oficiales a la ciudadana holandesa Tanja Nijmeijer, alias «Alexandra», quien se hizo conocida cuando las autoridades colombianas divulgaron su diario en el 2007, cuatro años después de que la joven se uniera a las filas rebeldes. Alexandra, de unos 34 años, más tarde dijo en un video que difundió la insurgencia que seguía fiel al grupo guerrillero.
León Valencia, director del grupo no gubernamental colombiano Corporación Nuevo Arco Iris, dedicado al estudio del conflicto, dijo que la designación de la ciudadana holandesa obedecería a un interés de las FARC de elevar el perfil en Europa de los diálogos y que además muestra el carácter de la rebelde, quien aseguró ha sido vista como una simple simpatizante del grupo insurgente, cuando en realidad en una «sobreviviente» y «una radical».
En el grupo rebelde, Nijmeijer «no cumple un papel de segunda», dijo Valencia a la AP en Oslo, a donde vino invitado por diversos grupos de activistas en ocasión de los diálogos. «Alexandra» es miembro de la llamada comisión internacional de las FARC, una instancia que dirige Ricardo Téllez, mejor conocido como Rodrigo Granda, y quien es uno de los negociadores insurgentes en los diálogos, agregó Valencia, que en el 2010 publicó un libro sobre «Alexandra» tras conversar con familiares y estudiar sus diarios.
La ciudadana holandesa, la segunda de tres hermanas de una familia de clase media, ingresó a las FARC en el 2003 en las afueras de Bogotá y en un frente guerrillero que fue de los primeros golpeados por la amplia ofensiva que entonces comenzó contra esa guerrilla en aquellos años. «Sobrevivió a eso y sobrevivió a lo del Mono Jojoy porque estaba ahí», dijo Valencia al referirse que Nijmeijer estaba en el campamento donde en septiembre del 2010 fue abatido por la fuerza pública Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, jefe militar de las FARC.
«Es una sobreviviente de una ofensiva enorme por parte del Estado… en que frentes completos fueron devastados».
Las FARC dijeron en un comunicado emitido en La Habana que el gobierno considera que la holandesa tiene «el derecho» a ser parte de la delegación de la guerrilla. «La fecha de vinculación de Tanja al escenario de las conversaciones, se dará en el curso de la semana que va del 21 al 27 del presente mes», se indicó en el comunicado.
Cuando se concrete el inicio de las conversaciones, éstas serán las primeras desde que, en enero de 1999, el entonces gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) condujo diálogos de paz con las FARC en una vasta zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur colombiano. Tales conversaciones naufragaron y Pastrana ordenó el reingreso de las tropas en el 2002 tras varios secuestros de civiles y políticos realizados por la insurgencia, además de acusaciones de que habían utilizado la región de despeje, o sin fuerza pública, para el narcotráfico, una de sus fuentes de financiamiento.
Los guerrilleros, que desde entonces han sufrido golpes como la muerte a manos del ejército y la policía de al menos tres de sus comandantes, aseguran que mantiene su capacidad de acción y que siempre han buscado una salida política al conflicto armado interno, que dura desde 1964, fecha de creación de las FARC.
Debido a los fracasos de las anteriores negociaciones, al menos tres antes de que se concreten las de Oslo, persisten algunas dudas sobre cómo podrán resolverse alguno de los temas más difíciles de los diálogos: el narcotráfico y el uso y tenencia de las tierras.
«Todos confiamos en el proceso y esperamos que sea exitoso, pero tenemos fundados motivos para pensar que el proceso plantea más preguntas que respuestas porque hay unos temas que son difíciles de superar», dijo en diálogo telefónico Jaime Castro, analista político y ex alcalde de Bogotá a inicios de la década de 1990.
«En primer lugar, el relacionado con el narcotráfico. ¿Cuál va a ser la decisión de los negociadores?, porque es indiscutible que el tráfico de droga no va a desaparecer, va a continuar. ¿Qué van a hacer las FARC frente a eso? ¿Lo van a combatir, se van a retirar, van a entregar a las autoridades las rutas? En fin, son problemas gordos», añadió. «Lo mismo ocurre con el tema agrario…
Es indiscutible que las FARC, en desarrollo del conflicto, han asumido el control de miles y miles de hectáreas. ¿Qué va a pasar con ese tema?; esas son las grandes interrogantes».
El tema de la propiedad y tenencia de la tierra ha sido descrito comúnmente como uno de los factores que dio origen al conflicto armado interno en Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios del gobierno del presidente Santos afirman que al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos, y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al Estado mediante procesos fraudulentos en notarías y registros.
«Por muchos años, la violencia en Colombia ha tenido varias caras», dijo el politólogo Carlos Romero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Y «quizás la principal y la más dolorosa ha sido la del combate rural entre las FARC y el ejército colombiano porque se han visto en el medio de ello involucradas muchas personas que han terminado siendo desplazados, fallecidos, que han perdido sus tierras», añadió.
De allí que el tema de cómo reparar a las víctimas y el castigo por los delitos de lesa humanidad es reclamado por activistas como uno de los puntos clave que deben tener las negociaciones.
«Considero positivas las negociaciones de paz. ¿Quién podría oponerse a iniciativas que buscan poner fin a un conflicto que ha producido tantas atrocidades y que ha cobrado tantas vidas colombianas?», manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un comunicado divulgado el martes.
«Es aceptable que Colombia ofrezca reducir las penas a miembros de grupos armados irregulares para persuadirlos de que entreguen las armas», añadió.
«No obstante, un acuerdo de paz no debe servir de pretexto para permitir la impunidad absoluta para todas las partes, incluidas las fuerzas militares.
Proponer que los máximos responsables de los más graves delitos cometidos en Colombia se eximan de la prisión podría dar lugar a una investigación de la Corte Penal Internacional», advirtió Vivanco.
