Después de las masivas manifestaciones de protesta, dirigidas por la Mesa de la Unidad Democrática, contra el intento de Nicolás Maduro de convocar una Constituyente originaria violando la Carta Magna vigente, la invitación por parte de la Asamblea Nacional para crear un gran Frente Nacional en Defensa de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, constituye el hecho político, o el paso, de mayor trascendencia en la continuidad de la lucha por la recuperación del Estado de Derecho.
La presencia y participación en la sesión de la Asamblea Nacional convocada para oír a los representantes de diversos sectores de la sociedad venezolana, entre los que destacaron estudiantes, autoridades universitarias, directivos de gremios profesionales, de las Academias, de los sindicatos y del sector empresarial, señala un camino cierto hacia el consenso de la población nacional para el restablecimiento del hilo constitucional, roto tanto por el Presidente de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano, con la anuencia de la camarilla militar y civil que se niega a cumplir con el principio constitucional de la Alternabilidad en el Poder, por temor a perderlo y quedar a merced de la justicia nacional e internacional.
Un Frente Nacional que debe ampliarse con la incorporación de sectores del chavismo, tal como lo plantea el primer comunicado aprobado en la Asamblea Nacional, puede llegar a consolidar una fuerza política de tal magnitud, que obligue al sector militar y cívico gobernante, a negociar una salida pacífica de la actual crisis que atraviesa el país o a presionar para la renuncia de Nicolás Maduro.
Un Frente Nacional poderoso, representativo de sectores clave de la política y la economía nacionales, con el apoyo irrestricto de la Iglesia Católica y de los gobiernos democráticos del continente americano y la Unión Europea, si no es aceptado por el gobierno como un interlocutor válido para una negociación en la que priven los intereses nacionales, puede provocar la intervención de la Institución Armada, no para un clásico golpe de Estado, sino para exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional de la República Bolivariana, con la finalidad de poner al conflicto que hoy viven y sufren los venezolanos.
Y aunque todo lo planteado es hipotético, lo que es cierto es que una mayoría de la población venezolana está en la calle, sin miedo y dispuesta a alcanzar un desenlace político, en el que se instaure un gobierno de Unidad Nacional que restablezca el orden constitucional, democrático, respetuoso de los Derechos Humanos, que busque solución al problema del desarrollo económico para solucionar el hambre, el desempleo, la escasez de medicinas y alimentos, la inflación y la inseguridad de las personas y los bienes. Frente a un régimen militar cívico, minoritario, pero armado y dispuesto a defender sus privilegios de gobernara sin rendir cuenta de la administración de la riqueza nacional, la mayor de toda nuestra historia, que ha despilfarrado y robado en gran parte, no resulta fácil una negociación en el marco de la Constitución y las leyes.
Sin embargo, de peores conflictos han salido victoriosos los pueblos que luchan sin desmayo, conscientes de que la sociedad moderna requiere de una paz para todos, con justicia, pero sin retaliaciones ni venganzas por razones políticas.
