Preocupado por la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro esté llevando a Venezuela a un régimen autoritario unipartidista, el gobierno de Estados Unidos anunció el jueves que impuso sanciones contra ocho miembros del Tribunal Supremo venezolano, a los que acusa de abuso de poder y de dañar el tejido democrático del país.
Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro son contra Maikel Moreno, presidente del tribunal, y los siete magistrados que firmaron en marzo un fallo que despojaba a la Asamblea Nacional de los pocos poderes que le quedaban.
Dicho fallo fue revertido parcialmente poco después ante las críticas de la comunidad internacional, pero detonó un movimiento de protesta que ha continuado durante casi dos meses y ha causado la muerte de más de 40 personas.
«El pueblo venezolano está sufriendo de un colapso económico causado por la mala administración y la corrupción del gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia del país han exacerbado la situación al interferir continuamente con la autoridad del poder legislativo», dijo el secretario del Tesoro estadounidense Steven T. Mnuchin. «Al imponer estas sanciones específicas, Estados Unidos apoya al pueblo venezolano «en su empeño por proteger y hacer progresar la gobernabilidad democrática en su país».
Es la segunda vez que el gobierno de Trump congela activos de altos funcionarios venezolanos y prohíbe a los estadounidenses hacer tratos comerciales con ellos. En febrero, el gobierno estadounidense ordenó sanciones contra el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien acusó de tener un papel relevante en el narcotráfico internacional.
Previamente el jueves, Trump expresó consternación por los problemas que aquejan a Venezuela y se preguntó en voz alta cómo era posible que una nación con unas de las reservas petroleras más grandes del mundo sufra tanta pobreza y agitación social.
«Tienes que preguntarte por qué está pasando esto. ¿Cómo es posible? Con suerte cambiaremos esto y podrán aprovechar mejor estos activos. Porque por ahora, lo que está pasando es una vergüenza para la humanidad», dijo Trump después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Por su parte, el senador de la Florida Marco Rubio dijo que «hemos dejado claro a Maduro y sus secuaces que sus acciones no quedarán impunes». «Este anuncio debe hacerle saber al pueblo de Venezuela que no están solos».
El Tribunal Supremo de Venezuela está conformado desde hace tiempo por personas afines al gobierno, y algunas de ellas con competencias jurídicas dudosas.
Moreno ganó notoriedad como abogado cuando defendió a un grupo de partidarios del presidente Hugo Chávez que dispararon contra una multitud en un intento de golpe en 2002. Moreno fue acusado posteriormente por un magistrado exiliado de pertenecer a la «Banda de Jueces Enanos» que colaboraba con altos funcionarios del gobierno para manipular casos. En 2006, fue destituido de una corte menor pero después fue nombrado en un puesto diplomático en Roma.
Otro magistrado sancionado, Calixto Ortega, es un diplomático veterano que fue enviado por Maduro en 2014 a Aruba para negociar la liberación de un general retirado que había sido arrestado por Holanda a petición de Estados Unidos. Holanda se encarga de las relaciones internacionales de la isla caribeña.
Fue nominado al Tribunal Supremo tras perder en las elecciones legislativas de 2015 en las que la oposición ganó por abrumadora mayoría.
La devoción de los jueces hacia el gobierno es incuestionable. La sala constitucional de la corte suprema declaró inválidas ocho leyes de la Asamblea Nacional entre enero y octubre de 2016. En comparación, sólo se había dado un fallo así en los últimos 200 años, de acuerdo con juristas.
Al emitir las sanciones, el Departamento del Tesoro señaló varios fallos del Tribunal desde que la oposición tomó el control del congreso. Uno fue la aprobación del presupuesto de Maduro y la designación de dos partidarios del gobierno para el Consejo Nacional Electoral, decisiones que debían ser aprobadas por la Asamblea.
Otro fue un fallo de hace un año que declaró inválidos todos los actos de la Asamblea Nacional mientras no cumpliera un fallo previo que requería la destitución de tres legisladores electos por acusaciones no demostradas de fraude electoral.
Aunque Moreno no estuvo involucrado directamente en esas decisiones, las ha defendido, y desde el estrado ratificó una sentencia de 14 años contra el líder opositor Leopoldo López un día después de que Trump hizo un llamado para su liberación tras reunirse con la esposa de López en la Casa Blanca.
No hubo una respuesta inmediata del gobierno de Maduro a las sanciones, pero en anteriores ocasiones ha negado que el sistema judicial venezolano esté politizado.
Cientos de miles de venezolanos han participado en manifestaciones casi diarias contra el gobierno desde el fallo de marzo del Tribunal Supremo. Durante las protestas, es común que las fuerzas de seguridad lancen gas lacrimógeno y disparen balas de goma contra los manifestantes, algunos de los cuales les lanzan rocas y bombas incendiarias.
Más de 2.000 personas han sido detenidas y varios cientos han sido llevadas ante tribunales militares, de acuerdo con Foro Penal, una cooperativa de abogados sin fines de lucro que defiende a muchos de los acusados. Cientos han resultado heridos y por lo menos 48 han muerto, aunque la Fiscalía General solo reconoce 42; una cifra similar a la de la última ola de agitación política en 2014.
Maduro ha prometido resolver la crisis de su país con una asamblea constituyente. La oposición considera que ese plan es otro intento del presidente de aferrarse al poder.
