En la asamblea convocada por la junta directiva del Colegio de Abogados del estado Lara, desarrollada ayer, se acordó la apertura de procesos disciplinarios contra los jueces señalados de violar el debido proceso en los casos de las personas detenidas mientras participaban en protestas antigubernamentales o cuando estaban cerca de un punto de manifestación de calle.
“Vamos a iniciar los procedimientos disciplinarios contra los funcionarios y los jueces que en su condición de abogados se apartan de la observancia de la norma, de la legalidad y la justicia”, nombró entre las conclusiones de la reunión el presidente de la institución que agrupa a los expertos en Derecho en la región, Enrique Romero.
Sin precisar nombres Romero se limitó a decir que el procedimiento se aplicará a aquellos que están llevando adelante los procesos penales y han sido señalados por los procesados y familiares de estos de haberse apartado del cumplimiento de la norma.
De comprobarse la acusación el abogado puede recibir como máxima amonestación la suspensión del ejercicio de la profesión durante un año, detalló Romero.
Lamentablemente es lo que tenemos en la ley. Lo que estamos proponiendo en un futuro y mediante reforma de la Ley de Abogados es que se pueda llegar, incluso, al retiro de por vida de la habilitación para el ejercicio de la profesión”.
De igual manera, fijaron una concentración en la plaza Macario Yépez, este jueves 11 de mayo, a las 9 de la mañana. Desde allí los abogados vestidos con toga y con la Constitución en la mano, caminarán hasta un punto que se anunciará ese día. Lo harán “por la democracia, la justicia, por la libertad, por el nuevo sistema de justicia que vamos a construir una vez que salgamos de esta situación en la han querido sumergir a la sociedad venezolana”.
En la asamblea los participantes también plantearon distribuirse en grupos en las comunidades y medios de comunicación de la región para “divulgar el mensaje que haga despertar a la sociedad venezolana y hacer entender que lo que se está planteando es la eliminación de Estado republicano, la democracia, la negación de la participación y de los derechos humanos con este proyecto de Asamblea Nacional Constituyente fraudulento”, definió el presidente del Colegio de Abogados.
