Cofavic expresó su preocupación sobre la existencia de más de 250 civiles que están siendo sometidos a la jurisdicción militar, debido a que ello constituye una grave violación a los derechos humanos y de los valores superiores del ordenamiento jurídico. “Además es una de las más determinantes rupturas de la Constitución y al mismo tiempo se traduce en la posibilidad efectiva de que a partir de esta situación se haya abandonado por completo el Estado de Derecho y estemos frente a un tutelaje militar inaceptable e incompatible con las mínimas garantías judiciales que deben existir en un gobierno civil y democrático”, señala un comunicado del referido organismo.
Asimismo, explican que el uso de la jurisdicción militar para el juzgamiento de civiles no está previsto en la Constitución Nacional, ya que suspende las normas básicas de protección de los derechos humanos. “Ningún conflicto por el cual se atraviese, por grave que sea, sirve de argumento para que el Estado renuncie a la aplicación de las protecciones y salvaguardas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de lo consagrado en la Constitución vigente, pues todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado tienen el derecho inalienable de contar con las protecciones y garantías de dicho marco normativo, independientemente de la gravedad del delito que pudieren haber cometido”, indica el comunicado.
De igual forma, Cofavic destaca que la Carta Magna establece expresamente en su artículo 49 que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
“En consecuencia, toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la Ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto”, recalcan.
