Ministro Reverol rechaza “secuestro” de gandola

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Para responsabilizar a la “derecha fascista” por algunos hechos violentos registrados en el país durante el Trancazo convocado por la oposición venezolana, se pronunció este miércoles el ministro de Interior y Justicia, mayor general Néstor Reverol.

Indicó que el presidente del Legislativo, diputado Julio Borges, es el principal culpable de los actos terroristas que en Caracas dejaron a varios efectivos de la Guardia Nacional heridos.

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El encargado de garantizar la seguridad ciudadana rechazó que manifestantes trancaran la Avenida Intercomunal Barquisimeto- Cabudare y secuestraran tres gandolas, entre ellas una de Pdvsa Gas; aseguró que el incidente no pasó a mayores porque los efectivos policiales y los bomberos de la entidad lograron rescatar el vehículo cuando era incendiado por parte de “grupos terroristas”.

“Este 2 de mayo obstaculizaron importantes vías y carreteras mediante la utilización de grupos armados y bandas delincuenciales que han sido financiadas para generar caos y alterar la paz, violando el orden constitucional”, subrayó.

Igualmente, mencionó que tienen identificados a los responsables de destruir y quemar la Defensoría del Pueblo en Valencia, estado Carabobo; así como también a quienes saquearon comercios en Naguanagua, Valencia y Los Guayos. Apuntó que en el Distribuidor Girardot, se produjo un volcamiento de un transporte público que dejó dos fallecidos y 10 heridos, producto de las barricadas que se encontraban en el lugar.

En cuanto a los hechos violentos en Caracas, repudió que dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana resultaran lesionados por impactos de bala, cuando supuestamente evitaban la obstaculización de la autopista Francisco Fajardo a la altura del Distribuidor La Urbina, sin embargo, el Ministro pasó por alto mencionar que un grupo de civiles armados, en compañía de los efectivos castrenses, irrumpieron un estacionamiento para causar destrozos materiales e intimidar a los residentes de la Urbanización La Urbina.

Enfatizó que el derecho a manifestar pacíficamente es limitado, pero nuevamente olvida referirse a que el enunciado también establece la prohibición de uso de sustancias tóxicas para controlar las manifestaciones.

 

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