El presidente Nicolás Maduro, acosado por protestas que exigen elecciones generales, convocó a una Asamblea Constituyente «popular» para cambiar la Carta Magna. ¿Qué busca? ¿Cómo impactará en la crisis venezolana?
¿Voto universal o amañado?
La iniciativa -rechazada por la oposición- tiene como particularidad que la mitad de los 500 asambleístas serán elegidos de forma sectorial, por lo que sindicatos, campesinos o minorías sexuales podrán escoger a sus representantes. Los demás serán seleccionados por circunscripción regional.
«Si soy trabajador, la organización de los trabajadores postula, pero el acto de votar es universal, directo, secreto y democrático», dijo el constitucionalista Hermann Escarrá, integrante de una comisión presidencial que impulsa el proceso.
Pero juristas como Enrique Sánchez consideran que no hay tal voto universal, es decir, que abarque al total de electores, con lo que el gobierno podría «manipular la elección» de constituyentes.
Con ello tendría una Asamblea «integrada fundamentalmente por sectores del oficialismo», cuyas decisiones le permitirían mantenerse en el poder, opina Sánchez.
Maduro entregará al Poder Electoral las bases para elegir a los asambleístas. Se desconoce cuándo serán escogidos y el método que se aplicará para ello y su postulación.
«Elegir por sectores significa que van a ser voceros de esos sectores los que elegirán a la Asamblea Constituyente, y eso es contrario a lo que establece el carácter directo de la Constitución», subrayó Sánchez.
Elecciones en el limbo
Escarrá asegura que no se trata de una «Asamblea otorgada» a Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos en medio de una aguda crisis económica, según encuestas. Pese a la pérdida de apoyo, el gobierno ejerce influencia en comunidades beneficiarias de sus programas sociales.
Con el proceso en marcha, el mandatario socialista podría evadir el principal reclamo de las protestas opositoras que ocurren desde hace un mes y dejan 28 muertos: elecciones generales.
Maduro «no podría ganar una elección de este tipo y entonces hace una convocatoria Frankenstein», con lo cual, además, deja en vilo al Parlamento, único poder que controla la oposición, sostiene el analista Luis Vicente León.
«Mientras se convoca este proceso, quedan suspendidas las elecciones regionales, locales y presidenciales en 2017 y 2018, con lo que el gobierno pretende conjurar su mayor peligro», añade.
Juristas críticos del gobierno afirman que el anuncio supone una «estafa», pues para cambiar parcialmente la Constitución -como plantea el gobierno- basta una reforma o una enmienda y no una Constituyente, reservada para redactar una nueva Carta Magna.
Parlamento maniatado
Aun cuando no se ha especificado cómo será legitimada esta Constitución, la de 1999 fue aprobada en referendo, al igual que una enmienda de 2009 que permitió la reelección ilimitada.
Reforma o enmienda tendrían que ser aprobadas por el Legislativo, algo impensable ante el duro choque de poderes que se registra desde que la oposición asumió el control de la cámara en 2015, poniendo fin a una hegemonía chavista de 17 años.
Desde entonces, el gobierno fijó su trinchera en el Poder Judicial, que ha anulado todas las decisiones del Parlamento aduciendo que está en desacato a sus fallos.
Precisamente, dos sentencias con las cuales el máximo tribunal se adjudicó los poderes parlamentarios y dejó sin inmunidad a los diputados originaron las protestas que denuncian un «golpe de Estado», aunque éstas fueron anuladas parcialmente.
El Legislativo quedaría aún más maniatado, pues la Constitución señala que ningún poder público podrá impedir las decisiones de la Constituyente, al estar subordinado a este suprapoder.
Maduro asegura que el objetivo de la Constituyente es la «paz» y que su convocatoria responde a una «arremetida golpista» de la oposición, luego de que ésta se negara a retomar un diálogo para superar la crisis.
Sus adversarios sostienen que las negociaciones mantenidas a fines de 2016, con acompañamiento del Vaticano, fracasaron por incumplimientos del gobierno.
«Berenjenal»
Entre los vicios de ilegalidad, algunos expertos también señalan que el presidente solo tiene la facultad de proponer la Constituyente y que son los ciudadanos quienes deciden, en referendo, si la quieren o no. Así se hizo para la Carta Magna de 1999 por iniciativa del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
La potestad presidencial «no está en discusión», defiende Escarrá.
El Parlamento podría incluso «activar un referendo consultivo» si el Poder Electoral no lo hace», advirtió el constitucionalista Juan Carlos Apitz.
Esta situación promete escalar el conflicto, pues, según León, los opositores se ven obligados a elevar su presión en las calles ante la posibilidad, además, de que se instauren mecanismos para «controlar la democracia real», con la excusa de la «democracia directa».
Al firmar el lunes el decreto para la Constituyente, Maduro, quien aboga por un «Estado comunal», dijo que uno de los objetivos es el establecimiento de «nuevas formas de democracia directa».
Tras este nuevo giro en la larga crisis, el analista Michael Penfold sentenció: «Venezuela, por decir lo menos, es oficialmente un berenjenal».
