Han sido totalmente inútiles los llamados que se hicieron para evitar el uso de armas de fuego durante las manifestaciones de esta semana. Los motorizados pertenecientes al grupo de civiles afectos al gobierno desoyeron esas recomendaciones y salieron a las calles no solamente a defender al régimen. En sus bolsas llevaban oculto los revólveres y las pistolas con las cuales aterrorizaron a los miles de venezolanos que habían tomado las calles y avenidas para dejar testimonio de su descontento por la grave situación en que viven.
Ya en los días anteriores a la llamada “madre de las marchas” se amenazaba con una represión a cargo de las llamadas milicias y de los colectivos armados para impedir los avances de una multitud convencida de la necesidad de demostrar con sus consignas y banderas su rechazo a la violencia ejercida por los sectores más radicales y fieles al gobierno.
La propia Fiscal del Ministerio Público solicitaba públicamente respeto para los manifestantes, seguramente por estar convencida de que podían producirse ataques armados contra los grupos opositores, como en efecto ocurrió. Ya no es posible para los pistoleros esconderse de la mirada vigilante de los ciudadanos. Cada acción queda grabada en las cámaras de miles de celulares que salen a la calle para revelar con prontitud y dramatismo los rostros de los responsables de esas muertes que hoy lamentamos. Tanto es así que ya se han identificado a miembros de la Guardia Nacional como los autores de los disparos que hicieron blanco en algunos de los manifestantes, la mayoría jóvenes valientes que no tuvieron miedo a enfrentarse a la barbarie y pagaron con su vida.
Todos esos testimonios ya están en poder de quienes han trabajado en sustanciar un expediente que será enviado a la Corte Penal de La Haya donde seguramente se juzgará a los responsables directos e indirectos de estos crímenes de lesa humanidad, delitos imprescriptibles según la legislación internacional vigente.
Por otra parte se mantiene una campaña de instigación al odio expresada por los medios afectos al gobierno difundiendo imágenes y datos personales de los líderes de la oposición con amenazas de “buscarlos” en cualquier momento en sus domicilios, una situación que ha sido denunciada ante la comunidad internacional por la “Human Rights Watch”, la organización de derechos humanos que monitorea los sucesos en Venezuela.
