Human Rights Watch exhortó el martes a los países del continente a presionar con fuerza al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que solucione lo que calificó como una «grave escasez» de medicinas y alimentos, situación que ha llevado a muchos venezolanos a abandonar su territorio.
La organización defensora de derechos humanos presentó el martes un informe sobre el impacto que un incremento sustancial en la cantidad de desplazados venezolanos ha causado al sistema hospitalario y de procesamiento de asilos en el estado fronterizo brasileño de Roraima.
Human Rights Watch dijo que el número de venezolanos que llega a Brasil y permanece en el país se ha quintuplicado, de 1.341 en 2014 a 7.150 en los primeros once meses de 2016, según datos oficiales. Agregó que muchos viven en condiciones precarias en las calles, pero los 65 venezolanos entrevistados por Human Rights Watch en febrero dijeron que estaban mejor en Brasil que en Venezuela, donde no consiguen alimentos ni medicinas.
Los entrevistados en Roraima provenían de la capital y otros nueve estados venezolanos, algunos ubicados a más de 1.000 kilómetros de distancia.
El gobierno de Maduro niega la existencia de una crisis humanitaria y ha rehusado ayuda extranjera. Human Rights Watch lo acusa de brindar una respuesta insuficiente, que equivale a una vulneración de los derechos de los venezolanos a la salud y a la alimentación.
La organización también señaló que el drástico aumento en el número de pacientes venezolanos ha puesto a prueba como nunca la capacidad de los dos principales hospitales en la ciudad de Boa Vista para tratar adecuadamente a los pacientes.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a The Associated Press que planeaba compartir el documento con el secretario general de la OEA Luis Almagro, quien favorece suspender a Venezuela a menos que Maduro celebre elecciones generales a la brevedad.
«Tarde o temprano, Brasil y otros gobiernos de la región tendrán que presionar al gobierno de Venezuela para que deje de negar la crisis y adopte medidas adecuadas para solucionarla», dijo Vivanco.
El Consejo Permanente de la OEA adoptó a comienzos de mes una resolución según la cual se ha violado el orden constitucional en Venezuela, pero no ha convocado sesión alguna para evaluar la posibilidad de suspender al país sudamericano.
La Carta Democrática Interamericana -que establece los estándares democráticos acordados por los países del hemisferio en 2001- estipula que se puede suspender a un país solamente si así lo disponen 24 de los 34 estados miembros de la OEA.
