Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren sostuvo su rechazó a la intromisión del poder militar en sus funciones. “Yo soy un civil electo por la ciudadanía del municipio”, poder que subrayó está claramente establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
En tal sentido, expresó que en los últimos días el rostro de la dictadura en Venezuela se ha dejado ver con la represión brutal y los cortes de electricidad en urbanismos, lo que ha permitido a colectivos armados y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), atacar a la población. “Estas son órdenes del dictador Nicolás Maduro que no ha sabido leer que el país no lo quiere”, expresó al tiempo que citó lo ocurrido en San Félix.
En opinión del alcalde, ni siquiera la convocatoria a elecciones regionales, contendría la molestia del país, tras varios años de burla y humillación. Para esto, subrayó, se debe llamar a elecciones presidenciales.
Exhortó a los ciudadanos a tomar las calles de manera pacífica a fin de exigir la restitución de la democracia.
Abogados lo respaldan
Enrique Romero, presidente del Colegio de Abogados de Lara, rechazó la intromisión de organizaciones del estamento militar en las decisiones del ejecutivo local de Iribarren. Se refirió al reciente exhorto del general de división José Rafael Torrealba Pérez, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nº 13 del estado Lara (ZODI), dirigido al alcalde Alfredo Ramos, para hacer “cumplir sus funciones”.
Defendió la separación de los poderes, estructura democrática a la cual el Gobierno Nacional ha dado la espalda al desconocer a la Asamblea Nacional (AN).
Asimismo, subrayó que “quien ha dejado de cumplir su función ha sido el estamento militar” al desconocer al pueblo y su soberanía también representada en el voto. Por el contrario han defendido un proyecto político.
Criticó el abuso desmesurado de la fuerza, con la cual han reprimido las manifestaciones, derecho constitucional. “La gente necesita desahogarse por tanto atropello y no hay manera de retener tanta frustración”.
Al consultarle si los cuerpos de seguridad pudiesen enfrentar más adelante las consecuencias de sus actos de represión, señaló que son delitos de lesa humanidad y no se prescriben. “Más temprano que tarde habrá un nuevo sistema judicial, el cual juzgará a quienes han cometido estos delitos, pero también se les garantizará su derecho a la defensa”.
Llamó a manifestar de manera pacífico.
