“Los anales jurídicos y procesales penales en Venezuela especialmente en el estado Lara no habían sufrido una barrabasada como la que ocurrió este domingo, a esto se le puede llamar un desmadre por parte del presidente del Circuito Judicial Penal, Jorge Eliezer Rondón y el fiscal Superior William Guerrero, a quienes responsabilizo por cualquier cosa que les pueda suceder a los jóvenes detenidos el pasado 6 de abril”, así lo denunció José Gregorio Zaá, abogado.
Indicó además que hicieron cambios en las medidas tomadas ante el proceso de libertad por la fianza, “no siguieron la norma que establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 242”.
Se conoció que para este punto en particular, históricamente se exigían solo dos fiadores por detenido, ahora están solicitando tres, y piden que estos sean funcionarios públicos, lo que obliga a los manifestantes a estar toda esta semana detenidos ya que tales organismos y trabajadores tienen estos días libres por el anuncio que hizo Nicolás Maduro, además estas personas deben tener un ingreso mensual de 180 Unidades Tributarias (UT), una carta de residencia emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y antecedentes penales verificados por el Ministerio de Interior Justicia y Paz de Caracas, “sólo son más trabas para evitar que salgan antes”.
Expresó su preocupación ante cualquier cosa que pueda pasarle a los muchachos, ya que les han comentado que han sido víctimas de maltratos por parte de los funcionarios de seguridad.
-Lo que están haciendo es intimidar a los venezolanos para que no deseen levantar su voz contra el régimen. El llamado es a no olvidarlos, luchar por ellos y seguir exigiendo un país mejor.
