A través de un comunicado la Cancillería de Argentina exigió “al Gobierno venezolano a que se respeten y garanticen los derechos y libertades políticas”, que permitan la plena vigencia de la democracia, y a que se deje sin efecto la “proscripción política” del dirigente opositor Henrique Capriles, inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos.
“El Gobierno argentino expresa su preocupación por la decisión de la Dirección de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela de inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas por un período de 15 años al Gobernador Henrique Capriles Radonski”, cita parte del comunicado en donde además advierten que “de concretarse” la medida “tendrá un impacto negativo en el derecho del pueblo venezolano a elegir libremente sus candidatos a ocupar cargos electivos”.
El Ejecutivo de Mauricio Macri remarca que, en consonancia a lo acordado entre los cancilleres de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur), el pasado 1 de abril, y la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Argentina “urge al Gobierno venezolano a que se respeten y garanticen los derechos y libertades políticas”.
La Contraloría de Venezuela inhabilitó al ex candidato presidencial de ese país en medio de la tensión entre poderes en la nación petrolera, después de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, acusara al Supremo de dar un golpe de Estado.
Esta inhabilitación le impide ejercer “funciones públicas” y, a su vez, supone una “ruptura o disolución de todo vínculo laboral que pueda existir con órganos o entes de la Administración Pública”, en este caso con la gobernación del céntrico estado Miranda, presidida por Capriles.
