Desde el año pasado, seis organizaciones que prestan el servicio de la ruta Barquisimeto-Maracay y viceversa, han denunciado la autorización que le dio el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) con aval de la gerencia del terminal, a la empresa Basaport que según Jorge Galby, secretario general de la línea Unión Occidente, pertenece a Erick Zuleta, presidente del sindicato de transportistas.
Galby denunció que los estudios realizados no tienen concordancia con la carta aval emitida por Luis Valencia, director del terminal de Barquisimeto, pues según el informe, la evaluación se realizó desde el primero de junio de 2016 hasta el 30 de junio del mismo año, mientras que la aprobación muestra una fecha de 16 de septiembre de 2016; por lo tanto se dio una aprobación cuando aún no se había determinado si era necesaria otra línea para cubrir esa ruta.
Por esto, ayer en declaraciones al diario EL IMPULSO instaron a las autoridades municipales, principalmente el mandatario local, Alfredo Ramos, a ir a la fiscalía y revisar toda la documentación y permisología que tienen esta empresa pues afirman que “está llena de irregularidades y vicios”.
Informaron que todos los papeles que tienen como pruebas ya están en manos de la cámara municipal de Iribarren, por lo que los concejales se encuentran haciendo una exhaustiva revisión de los mismos; aseguraron que no se ha realizado una evaluación de la demanda de pasajeros.
El servicio que ellos ofrecen según el cuadro analítico de prestación de servicio con fecha desde el primero de febrero hasta el 30 de noviembre de 2016, establece que el intervalo de salida entre cada unidad es de una hora, con una jornada de 14 horas diarias, por lo tanto deberían salir la misma cantidad de autobuses.
Sin embargo, según ese mismo análisis arroja que están saliendo 26 carros al día, es decir que están realizando 12 viajes adicionales de lo establecido; es por ello que los representantes de las organizaciones alegan que no es necesaria otra línea para cubrir esta ruta.
Comentaron, que las autoridades del terminal alegan que sus empresas hay días en que no presta el servicio, pero ellos aseguran tener las pruebas que desmienten esa afirmación. “Si nosotros hemos incurrido en una falla, entonces ellos incumplen en el artículo 53 de la resolución 066 número 34.676 que habla de las sanciones”, dijo Galby.
Además llamó irresponsable a la directora de la Autoridad Metropolitana de Tránsito Terrestre, Carolina Espina, y la invitan a ir a la fiscalía a debatir los permisos y que se realice otro estudio con un perito técnico, siempre y cuando no existan irregularidades en el proceso.
Reiteraron que mientras no se les conceda esta exigencia, continuarán las acciones de protesta utilizando “como ellos mismos”, la anarquía, el paro y la extorsión. Ofrecieron disculpas a los usuarios y le hicieron un llamado a los demás transportistas a unirse a su lucha.
