La Asamblea Nacional (AN), en su sesión ordinaria, aprobó este miércoles el inicio del proceso para destituir a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dado el delito penal que cometieron al usurpar las atribuciones del Legislativo.
El diputado Juan Miguel Matheus fue el encargado de abrir este debate, al que se sumó el Gran Polo Patriótico, luego de reiteradas faltas. Desde la tribuna de oradores, indicó que la lucha es para retomar el sistema democrático y no para que se rectifiquen unas sentencias que significaron “la gota que derramó el vaso”.
Detalló que los “autores” del golpe de Estado son: Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta de Merchán y Gladys Gutiérrez.
“Esta Asamblea está luchando por devolverle la dignidad al Tribunal Supremo de Justicia. Hacer que vuelva la democracia implica convocar a elecciones ya y liberar a nuestro país”, dijo.
Apuntó que el artículo 255 de la Constitución establece que los jueces son personalmente responsables del cohecho y prevaricación en la que puedan incurrir en el ejercicio de sus funciones; asimismo, se refirió al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, donde se considera que actuar con inexcusable ignorancia de la Carta Magna es una falta grave.
Matheus cuestionó que el Defensor del Pueblo haya asegurado que el Parlamento aún no inicia el proceso de remoción cuando el pasado viernes acudieron al Poder Ciudadano, quienes recibieron la solicitud de calificar la falta.
En rechazo a las actuaciones de la AN, ejerció el derecho de palabra el jefe de la fracción oficialista, diputado Héctor Rodríguez, quien argumentó que el artículo 265 del texto fundamental “es muy claro”, puesto que dispone que los magistrados podrán ser removidos mediante una mayoría calificada del Parlamento, luego de que el Poder Ciudadano haya determinado la responsabilidad.
“Tienen que respetar la Constitución. En Venezuela hay plena y absoluta democracia”, puntualizó; al tiempo que el sector de la unidad contestó al unísono “ustedes son golpistas, lo dijo la Fiscal”.
Rodríguez, paradójicamente, asumió que el Parlamento se encontraba en “pleno funcionamiento” e indicó que las diferencias deben resolverse soberanamente sin solicitar la injerencia.
Además de iniciar el proceso, la AN acordó presentar un escrito complementario ante el Consejo Moral Republicano, en el cual se haga referencia al error inexcusable de derecho y otras infracciones que se cometieron.
Ruptura del orden
De igual manera, se aprobó un Proyecto de Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y permanencia del golpe de Estado. En este punto, participó el diputado y ex presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup, quien argumentó que un fallo de la Sala Constitucional, de fecha 06 de mayo de 2013, resolvió que la revisión de sus propios fallos significaría una vía de impugnación no consagrada legal ni constitucionalmente.
Dicha decisión califica de improponible llevar a cabo una aclaratoria, por cuanto entre las atribuciones no se encuentra “la posibilidad de revisar las propias decisiones que emanan de esta Sala”.
