La Organización de Estados Americanos ponderará este lunes si declara a Venezuela en violación de su orden constitucional en virtud de la Carta Democrática Interamericana, y activa mecanismos para presionar al país a convocar elecciones y liberar a opositores presos.
Por tercera vez en una semana, los 34 Estados del Consejo Permanente convendrán en la sede del organismo continental, en Washington, para discutir la crisis institucional en el país suramericano, en una sesión de embajadores prevista a las 14H00 locales (18H00 GMT).
A Venezuela le han llovido condenas de la comunidad internacional, luego que el máximo tribunal se abrogó facultades legislativas y retiró la inmunidad a los parlamentarios, en dos fallos de mediados de la semana pasada, luego anulados.
La OEA debatirá un proyecto de resolución presentado por trece países, a fin de declarar las sentencias «una violación del orden constitucional» y resolver implementar «mecanismos interamericanos» para la «preservación de la democracia» en Venezuela, conforme a la Carta Democrática Interamericana.
Pero podría además elevar el tenor de situación y convocar esta semana una reunión de cancilleres, como anunció el sábado el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, para «tomar una posición sobre la Carta Interamericana», según el diario El Comercio.
Creada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático». En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA.
La presión se incrementa hacia el gobierno de Caracas luego que Uruguay se unió el sábado a los gobiernos más críticos de Argentina, Brasil y Paraguay en un pronunciamiento de Mercosur, exhortando a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto.
En respuesta, el presidente Nicolás Maduro advirtió el domingo que Venezuela «no se deja ni se dejará» agredir jamás por la OEA ni el Mercosur.
La confusión se desató en Venezuela desde que los magistrados se adjudicaran las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y retirara la inmunidad de los diputados, en dos sentencias dictadas a mediados de la semana pasada.
Tras un fuerte rechazo internacional y la presión de la oposición que denunció un «golpe de Estado», el máximo tribunal anuló esos fallos, no antes de un pacto entre los poderes públicos al que no acudió la cabeza del parlamento opositor.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien denunció las sentencias como un «autogolpe», criticó la marcha atrás del tribunal, señalando que «de una ruptura institucional no se sale con aun más alteración del orden constitucional».
Almagro dio un ultimátum a Venezuela: o convoca a elecciones generales en un mes o debe ser suspendida de la OEA. Pero la decisión corresponde únicamente a los países, no al secretario general.
Búsqueda de mayoría
La aprobación de la resolución, respaldada entre otros por Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, constituiría el paso más drástico de la comunidad continental desde el inicio de la crisis institucional venezolana hace un año.
Al igual que con la resolución, una reunión de cancilleres debe ser aprobada por una mayoría al menos de 18 países.
Al menos veinte gobiernos proponen algún tipo de rol mediador de la OEA en la crisis, frente al rechazo rotundo de Caracas, que denuncia un intento de injerencia liderado por Estados Unidos.
Varios de esos países llaman a Venezuela a liberar sus «presos políticos» y a fijar un calendario de elecciones, que incluya los comicios regionales suspendidos indefinidamente el año pasado.
En declaración a la ONG Venezuelan American Leadership Council, el embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, dijo que podrían ajustar el texto «si fuera necesario» para ampliar el banco de apoyo.
Queda por ver si logran convencer a algunos países del bloque Caribe que apoyaron la convocatoria como Bahamas, Barbados, Belice o Jamaica a unirse en la resolución.
Esa posibilidad señala la erosión de los apoyos de Venezuela en la OEA, donde por años, la mayoría de las islas caribeñas, a las que el gobierno de Caracas suministra petróleo en condiciones preferenciales, impedía bloquear cualquier debate adverso en el organismo.
«Dentro de ese foro en particular pero también regionalmente, Venezuela está siendo, y cada vez más claramente, aislada», dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.
