Ante el procedimiento encabezado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) subdelegación San Juan, el jueves 30 de marzo en el sector Los Olivos II de La Caldera, al oeste de Barquisimeto, donde falleció Flaiver Anthony Gutiérrez Rodríguez, los parientes del occiso aseguran que él no se resistió a la autoridad, por tanto, no hubo enfrentamiento, aunque desde ese organismo policial se indique lo contrario.
Ese día, de acuerdo al parte oficial, el equipo asignado del Cicpc se trasladó a la vivienda de Gutiérrez con la intención de ejecutar un allanamiento ordenado por el Juzgado Segundo de Control del estado Lara, pues sobre Gutiérrez pesaban dos solicitudes, una por el Juzgado Séptimo de Control de Lara por homicidio en grado de frustración y otra por el Juzgado Sexto de Control, por el mismo delito.
El hombre requerido por la justicia, según la versión policial del hecho, al ver que los funcionarios entraron a la casa se encerró dentro de una habitación y los enfrentó con un arma, cuando ellos entraron a la fuerza al cuarto.
En contraposición a este relato, dos parientes de Gutiérrez que prefirieron omitir sus nombres contaron a EL IMPULSO que los detectives entraron a la vivienda y dominaron con facilidad al joven de 22 años de edad.
Al principio, las 13 personas que estaban dentro estaban confundidas por la forma como irrumpieron los efectivos a las 5:30 de la madrugada aproximadamente. “No sabíamos que era el Cicpc, pensamos que eran hombres que iban a robar”, afirmó una de las dolientes.
Los funcionarios los sacaron de la vivienda y solo quedó dentro Gutiérrez. Enseguida escucharon gritos de los sabuesos alertando que el joven poseía una pistola y, finalmente, sonaron dos detonaciones. Sin embargo los familiares aseguran que el joven no estaba armado.
Calificaron de “exagerada” la actuación, porque si el muchacho había cometido alguna falta no debieron matarlo.
Dijeron que hace pocos días Gutiérrez había vendido una moto y como parte del proceso se presentó junto con el comprador en el Cicpc para la verificación de la legalidad del vehículo. De modo que no comprenden por qué no lo arrestaron en ese momento, si encontraron algo irregular. “Era para que se lo hubiesen llevado preso, no para acribillarlo así”, lamentó otro pariente.
Gutiérrez había decido vender la moto para cubrir los gastos de la manutención del hijo que tuvo hace tres meses, pues tenía meses desempleado. El último trabajo lo desempeñó en una tienda por departamentos.
Era hijo único. Tras su muerte, según mencionó un pariente, la abuela, quien estaba en la casa cuando se produjo el presunto enfrentamiento, sufrió un infarto.
