Con movilizaciones en las calles y gestiones en el campo internacional, la oposición venezolana enfrentará la crisis que desató la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que asumió las atribuciones de la Asamblea Nacional, anunciaron dos dirigentes de la alianza opositora.
Estas acciones forman parte de un conjunto de decisiones que discutieron los partidos de la coalición opositora y que emprenderán en los próximos días, dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia.
«Hemos entrado en una etapa de resistencia», afirmó De Grazia al insistir en que la oposición defenderá el bastión que ganó, por amplia mayoría, en las elecciones legislativas de diciembre del 2015 después 17 años de control oficialista.
La movilización pacífica en la calles será uno de los frentes en el que trabajará la oposición para impulsar la presión interna y lograr una «gran movilización nacional» a favor de las elecciones, la liberación de los presos políticos, y el «rescate de la institucionalidad», dijo a la AP el diputado Enrique Márquez, presidente del partido Un Nuevo Tiempo.
Márquez admitió que aunque existe un rechazo hacia los partidos opositores, generado a raíz de la suspensión el año pasado del referendo revocatorio de mandato del presidente Nicolás Maduro y el fracaso del proceso de diálogo, la coalición confía en que logrará reconectarse con los mayoritarios sectores que están descontentos con el gobierno por la crisis.
Sobre las acciones en el ámbito internacional, Márquez dijo que la oposición espera que desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se siga avanzando en las decisiones que se acordaron a inicios de semana.
El dirigente expresó que ante la «crisis humanitaria agravada» que enfrenta Venezuela en el área alimentaria y de salud se hace urgente que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) preste ayuda, e indicó que la oposición trabajará en ese sentido. Maduro anunció la semana pasada que su gobierno pidió ayuda a la ONU para regularizar el abastecimiento de medicinas.
Aunque la Sala Constitucional del máximo tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias alegando un «desacato» de Congreso, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.
La Asamblea Nacional convocará para el martes a una sesión especial en la que se debatirán varios temas, entre ellos la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo nombramiento fue cuestionado el año pasado por la mayoría opositora, precisó el político.
A pesar de las numerosas críticas que generó en el ámbito local e internacional la sentencia del máximo tribunal, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a llamar a sus embajadores, el presidente Maduro no se ha pronunciado hasta el momento.
España se sumó el viernes a las críticas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo que «si se rompe la división de poderes se rompe la democracia». En un tuit firmado con sus siglas, en señal de que el mensaje venía del propio Rajoy, escribió: «Por la libertad, la Democracia y el Estado de derecho en Venezuela.»
La Cancillería venezolana repudió en un comunicado las reacciones internacionales y las consideró como una «arremetida» de los gobiernos de la «derecha intolerante» y «pro-imperialista» de la región, que aseguró que está dirigida por el Departamento de Estado en Washington.
Caracas defendió las acciones del Tribunal Supremo de Justicia, que es señalado de estar controlado por el gobierno, alegando que con «falsedades» e «ignominias» se busca «atentar» contra el estado de derecho y el orden constitucional.
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial se inició en diciembre del 2015 luego que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores, del estado sureño de Amazonas.
Luego de casi un año de confrontación los tres diputados opositores aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero a pesar de ello el Tribunal Supremo sigue insistiendo en que la Asamblea Nacional se mantiene en desacato.
La pugna se profundizó está semana cuando la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas, y autorizó al gobierno para crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.
