Garantizar la vida y la integridad personal de los defensores de Derechos Humanos dado el discurso estigmatizante del Gobierno de Nicolás Maduro, solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado venezolano, en el marco de la Audiencia Pública número 161.
El fin de esta solicitud formal, a pesar de que el organismo internacional ya dictó medidas cautelares a algunos defensores, persigue que el Estado no los convierte en blanco de violencia u hostigamiento en el ejercicio de sus funciones.
Ponencias
Al menos 10 organizaciones no gubernamentales explicaron durante la audiencia qué tan cercano está el Gobierno en el cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, informó que desde el 2014 cuando iniciaron las protestas, se han reportado 6.893 arrestos por motivos políticos (incluyendo a detenidos, liberados y torturados).
“Hemos contabilizado 433 presos políticos en estos tres años y 115 de ellos siguen en las cárceles de Venezuela. Hay un efecto de puerta giratoria, mientras el Gobierno encarcela a más personas, libera a otras, de manera que siempre se podrá ver un número en torno a los 100”, detalló.
En cuanto a los casos de refugio, el representante de Refugee Freedom Program, Julio Henríquez, indicó que solo en 2016, 18 mil venezolanos pidieron asilo en Estados Unidos, mientras que 3.960 hicieron lo propio en España y 212 en Colombia, tomando como base que no todos pertenecen a organizaciones políticas.
Por su parte, la coordinadora del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), Laura Ortega, señaló que apoya la creación de una Comisión de la Verdad por parte del Estado venezolano, por ser una iniciativa que alivia el dolor de quienes la padecieron, sin embargo, cuestiona que el período incluido se corresponda desde 1958 hasta 1998, es decir, que existe la pretensión de renunciar a los daños cometidos bajo el mandato de los presidentes Chávez y Maduro.
“Se excluyeron las desapariciones forzadas en Vargas y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los grupos de exterminio. De los sucesos del Caracazo tampoco se ha referido el Estado; luego de 28 años siguen negando a los familiares la asistencia de expertos para que se identifiquen y entreguen los restos de los desaparecidos”.
Finalmente, Ortega afirmó que los operativos de control público han profundizado la participación militar, el ocultamiento de identidad y el aumento de detenciones arbitrarias, allanamientos y torturas, los cuales sin lugar a dudas se alejan de los estándares internacionales.
