Desde el inicio de este año, directivos de la división de Mercado y Abastecimiento del estado Lara han tomado acciones para la reubicación de los vendedores informales que se encuentran tanto en el casco central de la ciudad, como al oeste y norte de ella.
Luis Castillo vocero del Consejo Soberano del Poder Popular de la Economía Comunal y Popular del estado Lara rechazó las decisiones que se han tomado desde este organismo y la alcaldía del municipio Iribarren.
Aseguró que ellos se encuentran amparados por el artículo 87 de la Constitución, que plantea el derecho de todo ciudadano a empleos con calidad que le garantice tener una ocupación productiva, lo cual le permita tener una vida digna. De igual forma resguarda las condiciones laborales que todo ciudadano debe contar, como seguridad, higiene y ambiente de trabajos adecuados.
Indicó que la Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos 1, 2, 11, 24, 27, 31, 32 y 40 respaldan los derechos que ellos reclaman. Opina que se violan los derechos a más de 2.600 familias que hacen vida laboral en estas zonas, porque serían trasladados a espacios ‘pequeños’, los cuales calificó como jaulas.
“En nuestros planes están reorganizar el centro de la ciudad, además haremos un censo la semana que viene desde la avenida Vargas hasta la calle 42 para saber cuántos trabajadores estamos siendo afectados”, dijo el vocero.
Agregó que viajarán a Caracas para entregar un documento y un proyecto al Presidente Nicolás Maduro y al Ministro de Comunas Aristóbulo Istúriz, para que visualicen lo que ellos buscan hacer con la organización del casco de la ciudad.
Aunado a esto informó que el censo también estaría destinado a asegurarse el abastecimiento con las bolsas de CLAP para los trabajadores informales, siempre y cuando no aparezcan en el listado de sus comunidades respectivas, “pues no estamos de acuerdo con la corrupción” aclaró.
Castillo declaró que han propuesto a los organismos competentes, que en lugar de ubicarlos en un sector único, se les permita permanecer en sus lugares actuales, por lo cual cancelarían un total de 32 unidades tributarias mensuales al Servicio Municipal de Administración Tributaria (Semat), pero esto ha sido rechazado por los funcionarios de la alcaldía de Iribarren. Para finalizar el vocero instó a las autoridades locales a llegar a un acuerdo que beneficie ambas partes.
