Colombianos que residen en países como Estados Unidos, España, Canadá, Chile y Venezuela se concentrarán en los consulados el próximo 9 de febrero, con el fin de solicitar ante el Gobierno Colombiano la eliminación del Impuesto de Timbre, que se cobra sobre la expedición del pasaporte y otros trámites consulares.
Este impuesto aumentó en 10 % a partir del 30 de diciembre de 2016, gracias a un Decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, que modificó el valor total en los pasaportes, expedición de visas, actuaciones notariales, documentos de identidad y otros.
Dicho tributo se considera regresivo, puesto que afecta el bolsillo de los connacionales que no cuentan con la capacidad económica para asumir un documento de tan alto costo y que es de carácter esencial.
Mientras la expedición de la cédula de ciudadanía es gratuita, el pasaporte colombiano que es igualmente un documento de identificación, frente a las autoridades de los países donde se encuentran, es uno de los más costosos del mundo y el más caro de Suramérica.
Mientras en España el pasaporte tiene un costo de 27 dólares, en Argentina de 34 dólares, en Perú de apenas 29 dólares, para un colombiano que adquiera el pasaporte en el exterior el costo es de 145 dólares. Sin considerar además, que este recaudo no se traduce en una mejor atención consular.
Por esta razón y en rechazo a este incremento, desde diferentes países del mundo se concentrarán los colombianos en una marcha pacífica este próximo jueves 09 de febrero, frente a los consulados de Colombia y otros lugares emblemáticos.
Por su parte, la Representante a la Cámara por los colombianos en el exterior Ana Paola Agudelo quien respalda la iniciativa ciudadana indicó: “Queremos invitar a los colombianos en el exterior a manifestarnos de una forma pacífica el próximo 9 de febrero, en rechazo al aumento del Impuesto de Timbre por parte del Ministerio de Hacienda, y además para solicitar la eliminación de su cobro de los trámites que se realizan en el exterior”.
Al respecto aclaró que no es un acto en contra de una sede diplomática, ni del servicio consular; sino con el fin de aunar esfuerzos frente a este hecho que claramente vulnera derechos fundamentales, como el de la nacionalidad y la identificación.
