El partido Voluntad Popular acudió este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República para solicitar que se adopten las medidas de protección que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ana Leonor Acosta, consultora jurídica de la tolda naranja, explicó que en el 2015 solicitaron esta medida cautelar a fin de garantizar la vida de los miembros y activistas del partido, enviando documentos y material audiovisual que sirviera para constatar la persecución política de la cual son víctimas.
En ese sentido, reiteró que la Comisión pidió al Estado venezolano salvaguardar la vida e integridad física de los diputados Ismael León y Freddy Guevara; del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky; del activista Juan Pablo López y de la abogada defensora de los derechos humanos, Theresly Malavé.
“Tras analizar los elementos que enviamos, también instan al Gobierno a adoptar condiciones óptimas, basadas en tratados internacionales, en la cárcel 26 de julio, en Guárico, y en la del Sebin, ubicada en El Helicoide. También cuestionan la reclusión del exalcalde Delson Guarate y del dirigente Yon Goicochea”, añadió Acosta.
Sostuvo que a partir del 14 de enero, el Estado tenía diez días hábiles para ofrecer información sobre el cumplimiento de estas medidas de protección, que básicamente suponen respetar los derechos políticos y ofrecerles seguridad a los ciudadanos antes mencionados.
Es importante mencionar que la decisión del organismo internacional ordena que se investigue de manera “seria y exhaustiva” los ataques que ha sufrido el partido en general, con el objeto de extender la medida a quien sea necesario.
“Ellos se manifiestan muy preocupados ante la persecución que ejerce el Gobierno contra quienes piensan distintos. Verificaron que ciertamente hay violencia y hostigamiento contra los que adversan a las políticas del presidente Nicolás Maduro”.
Dictadura
Por su parte, el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, alertó que el Gobierno pretende ilegalizar a Voluntad Popular, con lo cual y a partir de la decisión “inédita” de la CIDH, se corrobora que en Venezuela hay dictadura y se arremete contra el que no comparte los mismos ideales.
Resaltó que hasta la fecha se registran 263 activistas que son víctimas de persecución, exilio o encarcelamiento; añadió que estas acciones no desmoralizan a la militancia, sino que los motiva a continuar luchando hasta lograr un cambio político en el país a través del voto.
“Trabajaremos por que las elecciones no sean un elemento de negociación”, dijo.
Mientras que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, aseguró que si el oficialismo quiere ahondar en relación con la supuesta “regularización” del Legislativo que anunció Maduro, debe solicitárselo al jefe de fracción de la unidad, Stalin González.
“El Gobierno debe reconocer la Constitución; no tienen que estar reconociendo a la Asamblea, sino ponerse a derecho con el máximo texto venezolano”.
