Desde hace pocos días colocan en casi todas las oficinas públicas, un cartel que dice: “En esta Dependencia no se habla mal de Chávez”. Puede ser, por ejemplo, en un registro, una notaría, un tribunal o en Corpoelec. Curioso ese aviso, que también suena a orden e incluso a una amenaza. Es muy escueto, no dice la fuente de donde proviene. Sólo aparece un sello y una firma ilegible. Mucha gente me ha dicho no vale la pena ocuparse de eso. Busca distraernos de los problemas que vive el país. No tengo duda que sea así. Con esta gente cualquier cosa puede pasar y cualquier intención puede tener. Sí creo que es bueno recordarle al público y sobre todo a los jóvenes abogados y a los estudiantes de Derecho, que toda norma jurídica para serla, tiene que señalar él órgano que la dicta y el fundamento constitucional o legal para dictarla. El aviso de marras no lo dice, por tanto no es una norma jurídica, no tiene ninguna fuerza obligatoria y haberlo colocado en las oficinas públicas es irrelevante.
Si se trata sólo de un aviso que busca informar al público que los jefes y empleados de una dependencia pública determinada,decidieron entre ellos no hablar mal de Chávez en la sede de la oficina, es una decisión que no tenían necesidad de informarla al público, sería una decisión interna, respetable y nadie pudiera objetarla. Esa decisión no obligaría al público porque sólo incumbe a quienes allí laboran. Si se trata de una orden a todo el público que acude a las oficinas públicas sería inconstitucional porque el artículo 57 de nuestra Carta Magna es muy claro: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…” De tal manera pues que ese aviso no es una norma jurídica, y si es una orden, sería una orden inconstitucional.
En el caso de los tribunales, los señores jueces debieron advertir a quien dio la orden de colocar ese aviso, que no es constitucional una orden de esa naturaleza y que hablar bien o mal de Chávez, o Carlos Andrés Pérez o Caldera, es un derecho constitucional, siempre que se guarden la debida compostura y el decoro que toda conversación educada obliga. Por otra parte, “hablar mal de Chávez” ¿qué significa? no insultarlo? no ofender su memoria? no proferir palabras soeces contra él como solía hacerlo él mismo contra personas, incluso fallecidas? Recuerdo lo dicho por Chávez contra los cardenales Velasco y Castillo Lara, por ejemplo, o contra CAP, después de fallecidos. O “hablar mal de Chávez” significa ni siquiera referir desacuerdos respetuosos contra sus políticas. Ese aviso, orden o amenaza es otro paso torpe de un gobierno ignorante. ¿O es que mucha gente habla mal de Chávez?
