A partir del triunfo obtenido en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre de 2015 y durante todo el año 2016 que recientemente concluyó, hice un conjunto de observaciones, planteamientos y reflexiones de carácter público, en relación a lo que debía ser la actitud, la posición política y la ruta a seguir por la Mesa de la Unidad Democrática y la nueva mayoría legislativa instalada en la Asamblea Nacional el 5 de enero de ese año, si en verdad había la firme intención de cumplir el mandato que le dimos casi ocho millones de venezolanos a los 112 diputados, cuando valiente y decididamente, salimos a sufragar por ellos en esa cita comicial.
Esas manifestaciones y alertas hechas por mí estaban justificadas en la develada conducta del régimen, de desconocer la soberanía popular expresada en esas elecciones, cuando luego de haber finalizado el segundo período de sesiones, de la ya deslegitimada Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello, este procedió a convocar sesiones extraordinarias, para asaltar el Tribunal Supremo de Justicia y nombrar de manera Inconstitucional, fuera de lapsos y sin credenciales, más de veinte magistrados entre principales y suplentes y de esa forma vil, blindar con dirigentes del PSUV y parlamentarios que resultaron derrotados, la sala constitucional del máximo tribunal, para desde allí cometer todo tipo de tropelías, abuso de poder y violaciones de la Constitución, con el único propósito de atornillar en el poder la ya declarada tiranía de Nicolás Maduro.
Dijimos sin ambages y con claridad meridiana, que el nuevo parlamento debía dejar sin efecto todos esas decisiones y proceder a nombrar de inmediato a todos esos magistrados; afirmamos que la Asamblea Nacional no podía aceptar bajo ninguna circunstancia que 7 burócratas ilegalmente nombrados, no podían desconocer la voluntad de decenas de miles de electores del estado Amazonas y mucho menos desproclamar a los diputados electos por ese estado y dejarlos sin representación popular y que la impugnación planteada deliberada y mal intencionadamente por la dictadura, tenía que seguir su curso legal en el tribunal y que tal como pasó en el estado Sucre con un parlamentario electo por ese estado en 1993 que fue impugnado, cuando el tribunal de la causa emitiera su veredicto, este debía dirigirse al CNE, para que este con sentencia en mano, si fuere menester, desproclamara al inicialmente electo y procediera a la proclamación del nuevo diputado; porque aceptar esas dos barbaridades, daba pie para que el TSJ constitucionalizara la dictadura de Nicolás Maduro y disolviera de hecho y derecho tanto el parlamento como la soberanía, que según la carta de 1999, reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce a través del voto.
El transcurrir del 2016 nos dio la razón, la crisis política e institucional que debió generarse desde el propio 5 de enero de 2016 no se asumió con la determinación y el coraje que el momento histórico exigía, se le dio largas al delicado asunto, se legalizó la barbarie y hoy, sin respuestas al mandato que dimos él 6D, no se logró el referéndum revocatorio, tampoco la amnistía de los presos políticos, no se nombraron los rectores vencidos del Consejo Nacional Electoral, el “diálogo” caza bobos los cazó y todos los actos, mociones, acuerdos y leyes del “esperanzador” poder legislativo que elegimos fueron declarados nulos, ilegales e inconstitucionales. Hay que reconocer ante los venezolanos y el mundo que la conducción de la MUD fracasó rotundamente en el diagnostico y estrategia seguida desde la AN y es de sabios rectificar o hacerse a un lado cuando se cometen errores de estas magnitudes que tanto daño le han hecho al país, Venezuela necesita una nueva dirección de la MUD que la remoce, la relance, la amplíe, la potencie y la conecte nuevamente con el 85% de los venezolanos, que rechazamos este nefasto y corrompido régimen de Nicolás Maduro. Liberemos a la MUD.