De unos meses para acá, hemos visto cómo las manifestaciones de los ciudadanos por diversos motivos se han multiplicado. Es difícil que pase un día sin que haya una protesta.
Antes, quienes salían a la calle no identificaban al gobierno o a sus representantes como los causantes de sus males, pero ahora, –es una percepción, no un juicio– cada vez se les señala más como culpables con determinación y convicción crecientes.
Imposible satisfacer todas las demandas, pero de una u otra forma habrá que alternarlas, a menos que no importe que la incomodidad se transforme en ira.
En Patarata II todas las voces de censura en la calle la Ruezga, avenida Andrés Eloy Blanco y transversal uno se convierten en coro entonando la misma canción unas 400 familias. No quieren la instalación por parte de PDVSA de una tubería que transporte gas para ciertos sectores de la zona industrial.
Se constituiría en un atropello de la empresa petrolera que se resiste a reubicarla por el lugar de origen, es decir, quebrada la ruezga, hoy invadido por familias que desatendieron la advertencia de peligro.
En nuestro país diversos sucesos están perpetuos en la memoria, como aquella tragedia en el estado Aragua.
Fue en la mañana del 28 de septiembre de 1993 cuando una retroexcavadora realizaba trabajos de perforación en el kilómetro 57 de la autopista regional del centro, entre las poblaciones de Paracotos y Tejerías.
La misma impactó accidentalmente y rompió un gasoducto propiedad de la sociedad Corpoven, filial de PDVSA, que al parecer se encontraba a un metro de profundidad y por donde circulaba gas de alta peligrosidad.
Se produjo una explosión con onda expansiva de 200 metros y llamaradas de hasta 50 de altura, lanzando a la muerte a 58 personas dejando heridas a otras 70.
El proyecto inicial para la obra de Patarata fue aprobado por la alcaldía de Iribarren mediante documento fraudulento presentado con firmas de personas que no habitan en la zona con recorrido por la calle La Ruezga, pero ante serios reproches fue desviado sin consulta hacia la avenida Andrés Eloy Blanco con mayor número de seres humanos.
Ya los trabajadores colocaron sobre el asfalto los conductos a ser enterrados mediante un recurso de amparo que impide su interrupción, ignorando que existe ilegalidad porque esa no es la ruta trazada en principio visada por una comunidad fantasma.
Los trabajos están paralizados y PDVSA no encuentra en cual palo ahorcarse, pero dejaron los tubos frente a los portones de algunas casas, impidiendo la entrada o salida de vehículos. Un abuso más.
La comunidad no certifica la colocación de la red con sobrada razón, a menos que el gobierno por la vía del terror logre sus objetivos porque, “en mi casa mando yo y me reservo el derecho de admisión”, sin importarle resultados trágicos posteriores.
Mientras tanto, seguirán las protestas en otros lugares por falta de agua, de comida, de medicinas, por la violencia institucionalizada, por la creación de un tribunal por encima de las altas cortes, o por recurrir el gobierno a todas las trampas posibles para fomentar la corrupción.
Todo está permitido en la viña de Nicolás y su séquito.
