Confusión en el pago. La cancelación de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), deber de todo ciudadano, se ha convertido año tras año en “un caos”.
Este 2017 la incertidumbre reside en el cálculo. Mientras la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sostiene que se debe realizar con base en el salario habitual, como fue ratificado en agosto de 2016, José David Cabello, superintendente Nacional, Aduanero y Tributario, anunció que se tiene que incluir el pago de vacaciones, utilidades y otros ingresos durante el año.
Al respecto, León Arismendi, abogado en especialidad laboral, sostiene que “esta pieza (situación) la tendremos todos los años, mientras no haya un cambio de país”.
Lo ideal es el cumplimiento de la ley y quien debe cuidar que se cumpla es el TSJ, que en su opinión, debería exigir al Seniat cumpla lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y otras sentencias en las que se establece el pago del ISLR sobre el salario habitual.
En la actual Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y en la anterior a esta, se justificó tal condición basado en la perspectiva constitución y de protección al ciudadano.
“El salario es el monto que sustenta al trabajador, por lo que el impuesto se debe cancelar con base en este… La ley con esto intenta establecer una ecuación lo más justa posible, porque no se puede confundir el salario con una renta. Eso sería una falta”, indicó.
En este sentido, puntualizó que el pago mensual percibido por el trabajador y la ganancia de un empleador o comerciante no deben ser confundidos.
Voracidad fiscal
Arismendi expresó que el “empeño” del Seniat de incluir pagos como utilidades y las vacaciones, son ejemplo de “voracidad fiscal”.
-Buscan obtener recursos como dé lugar, para lo cual adoptan una noción de salario normal, que incluye todo lo que el trabajador percibe, incluido el bono vacacional, que se recibe para el disfrute del trabajador en dicho periodo, por lo que no debería pagar impuesto. También quieren incluir la bonificación de fin de año o utilidades, que se cancela para los gastos propios de ese mes, por lo que tampoco debería ser contabilizado.
Acotó que entonces se pretende “castigar los ingresos con un impuesto”.
Arismendi resaltó la actuación del TSJ ante la Asamblea Nacional (AN), puesto que ha ejercido una especie de bloqueo de sus funciones como otro Poder Público Nacional.
En este sentido, expresó que “el punto es que no ponen en cintura al Seniat que desacata una decisión del TSJ”.
El deber continúa
Los contribuyentes manifiestan confusión. De hecho, en múltiples casos, han expuesto que declararán los últimos días de marzo, hasta tanto se aclaren las condiciones de cálculo.
Al respecto, Arismendi acotó que se trata de un deber de todo ciudadano el cual no se puede evadir, se debe cumplir.
Sobre la posibilidad de que tras el ajuste del valor de la Unidad Tributaria (UT) incremente el tope para el pago, recordó que el presidente Nicolás Maduro recientemente exoneró del pago a quienes hayan devengado en el año montos menores a 6.000 UT, es decir Bs. 1.062.000, cifra que acotó, “pocos venezolanos percibieron”.
De ocurrir pagos por montos que luego sean exonerados, recordó que el excedente se suma a un crédito fiscal para el próximo año.
El monto obtenido por bono de alimentación, no ha sido incluido.
