Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país.
Dicha consideración es realizada por la ONG Espacio Público, a través su informe anual en materia de libertad de expresión en el que contabilizan un total de 366 violaciones desde enero a diciembre de 2016.
“Entre enero y diciembre de 2016 se registraron 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 28 % respecto al mismo periodo del año 2015, cuando se contaron 286. El total de casos/situaciones fue de 266, un 12 % mayor que el periodo enero-diciembre del año pasado”, detallan.
Sostienen que el 2016 es el segundo con mayor cantidad de casos en 15 años de registro.
“Desde hace dos años se alcanzan niveles no vistos desde 2010, sin considerar el 2014, año especialmente conflictivo en términos sociopolíticos. Los periodos con mayor incidencia de casos, 2014, 2016 y 2009, suman el 32 % del total de situaciones registradas”, precisan.
Asimismo explican que la agudización de la tensión política, con la suspensión de elecciones en octubre, compromete aún más la garantía del derecho a la libre expresión.
“Cuando la polarización exacerba los límites institucionales, alimenta una mayor incidencia de escenarios violentos y deja en estado de indefensión a los ciudadanos. De allí que octubre se ubique como el mes con mayor cantidad de casos registrados, con un total de 43”, resaltaron.
Indican que el 44 % (119) de las violaciones a la libre expresión se registró en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio.
“Esto representa un total de 88 casos/situaciones que indican un aumento del 252 % en relación al contexto de protesta del año anterior (25)”, argumenta EP.
Igualmente el informe manifiesta que el desalojo de reporteros de las zonas de protesta y la exigencia ilegítima de permisos para la cobertura de hechos públicos escala algunas veces en violencia a fin de impedir el registro tanto de la demanda ciudadana como de la represión por parte de los cuerpos de seguridad.
“De allí que la intimidación esté en el primer lugar con 123 ocurrencias. La agresión, por su parte se ubica en el tercer lugar de ocurrencia con 54 violaciones”.
Con respecto a las violaciones adjudicadas a instituciones del Estado, Espacio Público revela que “la Corporación Alfredo Maneiro impone obstáculos burocráticos, dilata la venta de papel prensa, incumple los plazos o no vende bajo criterios discrecionales. Veinte (20) medios salieron temporalmente de circulación, nueve (9) de ellos en 2016, tras serias crisis en la obtención de insumos, en su mayoría con reducciones significativas y cambios de formato”.
