Desde que el pasado 9 de diciembre el superintendente de precios justos, William Contreras, informara sobre los tres millones 821 mil 926 juguetes que fueron decomisados a la empresa Kreisel, los trabajadores no han cobrado ni un bolívar.
Ante esta situación desamparada, el personal decidió salir a la calle para exigir el pago de sus respectivos salarios, manifestando que el Gobierno es el principal culpable de la situación.
«Maduro dijo que garantizaba derechos laborales: ¡mentira! No tenemos cómo sobrevivir. La Sundde nos dio acceso a la empresa apenas el 12 de enero. Los trabajadores quedamos en el aire tras la toma de la empresa por parte de la entidad», dijo Marielis Crespo, trabajadora de la compañía.
Por su parte, Elsa Silva, aseguró que tiene 22 años laborando en la empresa y que nunca había llegado a esta instancia.
“Dejé mi vida aquí en esta empresa, 22 años de mi vida, esperamos que nos den nuestros sueldos. Nosotros somos gente necesitada y Maduro nos quitó el trabajo», expresó.
