En su discurso de investidura como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges remarcó la importancia del voto para lograr el cambio político, y destacó en estos términos la hoja de ruta a seguir: “Está claro para nosotros y para todo el pueblo venezolano y para el mundo que Nicolás Maduro, al abandonar la constitución, abandonó el cargo y lo que significan los deberes de gobernar.”
Así las cosas, el pasado 9 de enero la Asamblea Nacional, decretó el abandono de cargo del Presidente Maduro, retomando la agenda de conflicto que quedó congelada en octubre con el inicio de un proceso de diálogo infructuoso entre gobierno y oposición. En este punto nos centraremos en analizar cuáles serían las implicaciones políticas de esta declaración.
La clave para interpretar esta figura se encuentra en el artículo 233 de la Constitución relativo a la falta absoluta del Presidente de la República, que se produce en caso de muerte, renuncia, destitución decretada por el TSJ, o incapacidad física o mental certificada por una Junta Médica designada por el TSJ y con aprobación de la Asamblea Nacional. Sólo bajo estas circunstancias establece nuestra Constitución ocurre el abandono de cargo, que conlleva a la convocatoria de elecciones presidenciales en el lapso de 30 días siguientes.
Hay que aclarar también que en el supuesto de que hipotéticamente se declare la falta absoluta del Presidente sólo habría elección presidencial y no elecciones generales como ha señalado un sector de la oposición.
Como era de esperarse, el TSJ le salió al paso una vez más a la Asamblea recordándole que no tiene atribuciones legales para declarar el abandono de cargo, así como tampoco establecer la responsabilidad política del Presidente, de acuerdo a una sentencia ya conocida dictada en el mes de noviembre. Además, el TSJ recalcó lo obvio: el Presidente Maduro se encuentra en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
Según la Asamblea Nacional Maduro abandonó el cargo de Presidente de la República porque a su juicio el primer mandatario es responsable directo por la exacerbada concentración de poder y el ejercicio del gobierno vía decreto, la ausencia de separación de poderes, el aumento de la persecución política y las violaciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas, entre otros señalamientos.
Como observamos, existe una contradicción entre lo establecido en la Constitución y la declaración de la Asamblea, concluyendo entonces que esta figura tal como fue planteada por el poder legislativo no existe. Corresponde a los constitucionalistas hacer el análisis jurídico, y a los politólogos advertir que esta declaratoria de abandono de cargo no tiene bases reales y por tanto carece de efectos políticos.
De acuerdo con la argumentación de la Asamblea estaríamos hablando de abuso de poder dado que el Presidente de la República ha utilizado la posición y la autoridad que detenta para gobernar en función de objetivos personales o grupales. Esto es moralmente reprobable porque se ignora la responsabilidad que tiene el gobernante en garantizar el bienestar de toda la población. Por siglos los pensadores democráticos han teorizado sobre este tema para concluir que se gobierna para garantizar el bien común de todos los ciudadanos, y esta es justamente la razón de ser del Estado.
El abuso del poder ocurre cuando se ha desdibujado la separación de poderes y la imparcialidad de quienes los integran. La tentación del poder absoluto por parte del Ejecutivo está presente hasta en las democracias más consolidadas, pero cuando existen poderes públicos independientes que imponen el respeto a la constitución no es posible forzar la barra.
De ahí que se concluye que el Presidente no abandonó el cargo, por el contrario lo ejerce activamente, aunque de manera poco democrática. Por tanto, esta nueva iniciativa, podría causar mayor frustración en la población al constatar que los parlamentarios de oposición a los que apoyaron masivamente hace un año no han encontrado el camino para poner fin al gobierno de Maduro y materializar el cambio político y económico.
El problema no es que Maduro haya abandonado el cargo. El problema es que 80 % del país rechaza su gestión y hasta el momento no hay un horizonte electoral claro.
