La diputada por la Causa R ante la Asamblea Nacional Mariela Magallanes, quien presidió la Comisión Especial encargada de investigar y documentar las violaciones de Derechos Humanos, con motivos de las protestas por hambre registradas en el país (CLAP), asegura que la situación alimentaria de la nación es crítica y dice estar consciente de que “el hambre recrudece a diario” y que no se solventó simplemente con la entrega del informe final sobre el tema, el pasado 27 de septiembre.
Durante una visita a la ciudad crepuscular, conversó con EL IMPULSO y no dudó afirmar que en Venezuela “se registra un apartheid político, mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”. Para 2017, de acuerdo a los datos aportados por especialistas, la vida de más de 3 millones de venezolanos estará en riesgo por falta de alimentos y medicinas.
“Cuando el esfuerzo de tu trabajo no vale nada y el dinero no alcanza, eso se traduce en hambre; un aparato productivo destruido trae como consecuencia: hambre; cuando vemos que las empresas cierran por falta de materia prima o trabajan media máquina, la consecuencia es hambre; cuando los niños faltan a la escuela es por hambre… esta es una realidad que cobrará la vida de muchos venezolanos y lamentándolo mucho, se estima que para 2017 el la crisis social irá en aumento porque el sistema que maneja el Gobierno es insostenible: se dejó de importar y en el país no se produce nada, por eso decimos que la vida de 3 millones de venezolanos está en riesgo, esa cantidad de ciudadanos podría morir por falta de alimentos y de medicinas”.
Las denuncias de la situación alimentaria se mantienen y al mismo tiempo se esperan las respuestas del ejecutivo nacional, dice la diputada. “Desde la comisión especial conformada en la AN se determinó la violación de derechos humanos (DDHH) por parte del Estado, en la forma de distribución de alimentos”.
Recordó que han sido citados varios funcionarios del gobierno, entre ellos Freddy Bernal, para que comparezcan en el parlamento y respondan a los señalamientos resultantes de la investigación, “pero éstos han subestimado la competencia contralora de la AN”.
Magallanes asegura que los CLAP son ilegales e inconstitucionales y lamenta que se hayan convertido en la gran bandera política del ejecutivo durante este 2016.
“Se han jactado la boca diciendo que si no fuese por los CLAP la gente no estuviese comiendo; pero la realidad es que hemos visto cómo se han convertido en un gran foco de corrupción, de discriminación y fuente de división de los venezolanos… son, sin duda, una herramienta de control, a través del hambre la gente, por eso afirmamos que estimulan el apartheid político”.
Población vulnerable
Según la diputada Magallanes, existe sectores de la población más vulnerables a la crisis alimentaria. “Cada día hay más hambre y menos comida, menos acceso a los alimentos. Los más vulnerables son los niños en edad escolar, el 22 % de ellos presenta desnutrición comprobada. Hoy se sabe que muchos infantes están dejando de nacer porque las mujeres embarazadas no tienen una alimentación adecuada, y los que nacen vienen desnutridos desde el vientre materno, lo cual nos indica que está en riesgo la generación futura del país”.
Los adultos mayores también son considerados como víctimas, “a ellos se les están agudizando las enfermedades porque no están consumiendo los nutrientes que requieren. Y los venezolanos, en general, han bajado de peso por el sistema hambreador que a la larga les traerá problemas de salud y, en el peor de los casos, acabará con sus vidas”.
Recuerda que según el informe aprobado por la AN, un 8 % de los venezolanos comen de la basura debido a dificultades en el acceso a los alimentos.
“Se trata de personas, que aunque no se encuentran en situación de pobreza extrema, no tienen cómo garantizar los alimentos en el hogar y deben decidir entre darle la comida a sus hijos o alimentarse ellos. Son padres o madres de familia que prefieren hacer sacrificios y, lamentándolo mucho, optan por buscar alimentos en la basura o en las sobras de los restaurantes, eso es algo que se observa todos los días”.
Además, el 67 % de los venezolanos afirma que come, por lo menos, 1 vez al día y “eso es síntoma de pobreza, de miseria. Es triste que en un país como Venezuela, donde la renta petrolera fue despilfarrada, sus habitantes padezcan una situación de caos, angustia y nerviosismo como la latente en este mes de diciembre, dada por problemas de adquisición de alimentos y en la que, por lo menos un 70 % de la población, hoy está en crisis porque no dispone de dinero en efectivo para llevar una vida medianamente normal, debido a las recientes medidas presidenciales que han desencadenado violencia y desesperación extrema. Estamos al borde de una explosión social”.
-Las cifras que se manejan en el informe final sobre los CLAP ¿cómo se obtuvieron?
-Nosotros realizamos un trabajo de investigación, basado en el testimonio real de las víctimas que en este caso son los ciudadanos que no tienen acceso a alimentación. Realizamos audiencias y asambleas en todos los estados del país.
-Determinamos que existe un apartheid porque los lineamientos de los CLAP son políticos y quien no pertenece al partido del gobierno, entonces no tiene acceso a la bolsa de alimentación. Además, esta bolsa costaba, al principio, 640 bolívares (y llegó a venderse con un sobreprecio de Bs. 1.500), pero hoy cuesta alrededor de 19.000 bolívares, en tan solo 8 meses. Además obligan a hacer transferencias o depósitos a una cuenta bancaria, muchas veces sin garantía de entrega de los rubros.
El sistema de discriminación es inaceptable, puntualiza. “Todo esto es rechazado por las madres, los ancianos y la población en general. Las denuncias han sido constantes, nosotros mantenemos activo el correo [email protected]”.
“El único beneficio de los CLAP es para los que hacen negocio con los alimentos y con la necesidad de la gente”, expresó y dijo que el mecanismo también ha sido utilizado para dividir a los trabajadores de la propia Asamblea Nacional.
“Un diputado del Psuv, Francisco Torrealba, llevó 1.000 bolsas del sindicato del Metro de Caracas (porque a la AN no le corresponde recibir el programa) para venderlas a los empleados, con un sobreprecio de 3.500 bolívares aproximadamente, con la intención de que los interesados renunciaran al sindicato de trayectoria y se inscribieran en el que ellos están formando. Eso fue denunciado en la plenaria, pero se sigue haciendo bajo cuerda”.
-A diario vemos en distintas partes del país cómo los ciudadanos protestan para exigir que les llegue la bolsa de comida, en lugar de reclamar que esos rubros se encuentren en los anaqueles ¿a qué se debe este fenómeno?
-El Estado debe garantizar la alimentación, pero vemos cómo todo esto forma parte de una política de gobierno que apunta a la destrucción del aparato productivo, al darle prioridad a las importaciones y generar un colapso, aunado a la corrupción.
-El sistema está llevando a los venezolanos a que su enfoque de la crisis se reduzca a la búsqueda de soluciones a su necesidad básica y urgente: comer. Cuando una persona ve que su hijo no tiene alimentos, que no consigue la leche o la harina en el abasto, supermercado o en la bodega de la esquina y que debe hacer una cola inmensa sin garantía de poder comprar los productos, pero ve que el vecino tiene la bolsa de CLAP en la que hay una mediana garantía de conseguir esos alimentos, entonces asume y busca la forma de tener acceso a ese mecanismo. Es allí dónde está demostrado que se juega con la necesidad de la gente como mecanismo de control y la gente exige, como es su derecho, tener acceso a la alimentación pero no está contenta con el programa. Si esa es la solución del Gobierno, entonces debe ser para todos por igual; cuando se entiende que se trata de un plan político, de un plan perverso de control, inmediatamente se produce el rechazo. Pero no se puede criticar a una madre que reclama alimentos para sus hijos.
Según la diputada, en el fondo la gente lo que pide es un cambio de Gobierno y “en función de eso debemos trabajar, para construir una fuerza mayoritaria que atienda las necesidades de esa mayoría poblacional que espera acciones distintas”.
Nada es improvisado
A juicio de la parlamentaria lo que viven los venezolanos no es casual, “nada es improvisado”, dice sin titubear.
“Esto forma parte de un plan político en el que el exterminio de la población se da de forma silenciosa, y viene dado desde el 6 de diciembre de 2015 cuando los venezolanos decidieron optar por un cambio político, al elegir una nueva asamblea nacional. Se trata de un resultado por el que quienes están en el poder, lejos de reflexionar, decidieron radicalizar el sistema.
“Urge un cambio en el sistema y reactivar el aparato productivo del país para que los venezolanos puedan hacer mercado cuando y donde lo deseen, que puedan tener acceso a los alimentos sin ningún tipo de restricción”. Magallanes dice que se debe insistir en el rescate de la democracia a través del voto y, por su puesto, de la institucionalidad y la paz del país.
“El gobierno de Nicolás Maduro está de salida, pero es un gobierno perverso, criminal, antidemocrático… con una cúpula corrupta que cada día está más aislada de las necesidades de la gente y de la realidad del país. Es un gobierno que sabiéndose perdido, hace cualquier cosa para mantenerse en el poder, a costa de la vida de los venezolanos”.
Leyes Sociales
Según Magallanes, este año la AN legisló y creó herramientas jurídicas con las que busca dar un cambio en el país. Se trata de 60 leyes de las cuales 17 fueron sancionadas y el resto se encuentran aprobadas en primera discusión. “El 53 % de las leyes son de carácter social y el resto de carácter político y económico”.
Asegura que las actuaciones del ejecutivo, desde las 4 sesiones extraordinarias realizadas en diciembre de 2015, tras las elecciones parlamentarias, “son propias de un Gobierno que, sabiéndose perdido en el apoyo popular, tenía que evitar de cualquier manera el cambio y la pérdida de poder. De hecho, se nos quitó el derecho a elegir al impedir el Revocatorio y diferir ilegalmente las elecciones regionales previstas para este 2016”.
Estado viola artículos 83 y 305
La investigación de la AN determinó que el Estado viola los artículos 83 y 305 de la Constitución Nacional, además de todos los acuerdos internacionales suscritos en materia de derechos humanos, al mantener activos los CLAP.
Dichos artículos constitucionales establecen lo siguiente:
-Art. 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa…”.
-Art. 305: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación…”.
