A la Dra. Sobella Mejías, exrectora del Consejo Nacional Electoral, no le causó extrañeza que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional, haya ratificado en los cargos de rectoras del mencionado organismo comicial a Socorro Elizabeth Hernández y Tania D’ Amelio Cardet y a sus respectivos suplentes Iván Zerpa Guerrero y Gustavo Guevara Sifontes, alegando “desacato” del parlamento nacional, a pesar de que éste se encontraba analizando las postulaciones de otros candidatos.
-Ha sido una decisión irracional, pero claramente política, porque ambas son activistas del partido del Gobierno.
Recordó que Socorro Hernández fue ministra de Telecomunicaciones en el 2008 y destituida del cargo, pero electa rectora del CNE al año siguiente, mientras que Tania D’Amelio fue diputada de la Asamblea Nacional. Ambas fueron militantes del partido oficialista y renunciaron al ser elegidas rectoras; pero, por supuesto, siguen las líneas oficialistas como fieles partidarias del gobierno. Ahora fueron atornilladas a sus cargos hasta el año 2022.
-Es una decisión irracional totalmente-calificó la profesional del Derecho al hablar con EL IMPULSO.
Luego comentó: Por lo visto, Venezuela no va a salir adelante.
-¿Cuál podría ser la solución a la crisis que se está viviendo actualmente?
-Lo más sensato es la consulta al soberano, el pueblo, para que decida su destino. El artículo 72 de la Constitución constituye la iniciativa popular. No le corresponde ni al gobierno ni a la oposición. Se trata del derecho que tenemos todos los venezolanos, oficialistas y disidentes, para evaluar la gestión del Presidente de la República. Lo más democrático que puede haber es consultar al pueblo. Si las instituciones hubieran actuado apegadas a la Constitución, con transparencia, responsabilidad y civilismo, se hubiera realizado ya el referendo revocatorio presidencial porque desde el primer momento se vinieron cumpliendo los procedimientos de rigor. Es de destacar que ya la población había ratificado lo ocurrido el 6 de diciembre del año pasado cuando masivamente votó y escogió una mayoría calificada para la Asamblea Nacional con una línea diferente a la del Ejecutivo Nacional. Y contra todos los obstáculos puestos por el CNE y las autoridades en diversas partes del país, espontáneamente la gente se movilizó para firmar y pedir que se ejerciera su derecho de decidir.
-¿Cuál es su mayor preocupación como ciudadana?
-Ver que cada día son más numerosos los jóvenes que se están yendo del país. Se trata en gran parte de profesionales formados en nuestras universidades, que aquí no tienen oportunidades para desarrollar sus conocimientos porque el régimen ha destruido el aparato productivo y tienen que buscar su futuro en el exterior. Otros países se están aprovechando de esos valores que tanta falta nos hacen en este momento.
-¿No cree que fue un error de la oposición haber suspendido la presión que venía ejerciendo a través de la movilización de la gente en las calles, supuestamente para complacer a El Vaticano que se ha prestado para servir de mediador en el diálogo con el gobierno? Y en el mismo sentido haber aceptado posponer el referendo revocatorio presidencial.
-Aunque se haya criticado la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática, es conveniente señalar que la gente no ha dejado de protestar en las calles. Todos los días masivamente la población está protestando. El hecho de que la MUD se haya sentado a conversar demuestra claramente su espíritu democrático para buscar una solución a una crisis que mortifica a la mayoría de la población que tiene que madrugar todos los días para hacer colas con el fin de conseguir dos o tres artículos comestibles para sobrevivir o buscar los medicamentos que necesita para sus tratamientos. Al mismo tiempo, este régimen le está echando la culpa de sus irresponsabilidades a otros cuando tuvo los mayores ingresos en la historia republicana, pero fueron dilapidados, robados y regalados. Además el Ejecutivo ha utilizado otros poderes para que con subterfugios legales, inhabilitar a los diputados de Amazonas utilizando procedimientos que no existen en la Constitución, ni en las normas electorales. Lo que resulta más atroz es que esos parlamentarios fueron electos bajo el control del CNE y sus autoridades confirmaron su triunfo.
-¿Cómo ha visto que el TSJ haya desconocido a un estado como Amazonas al ordenar la desincorporación de esos diputados?
-Es un hecho absurdo. Porque ya esos parlamentarios habían sido legitimados. Lo que está haciendo no solo es desconocer al principal poder público, sino la voluntad del pueblo que se expresó en las urnas de votación. Cuando el régimen vio que la mayoría del pueblo se había pronunciado en su contra, ordenó a sus parlamentarios a tomar decisiones arbitrarias, entre otras la elección de magistrados del Tribunal Supremo, incluyendo a figuras que fueron diputados, y a personas que no reunían los requisitos elementales para ocupar los puestos del máximo tribunal de la República. Es por esa circunstancia que todas las decisiones de la nueva Asamblea han sido desconocidas. Resulta preocupante que una ley destinada a garantizarle a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda la propiedad de los inmuebles que le fueron adjudicados, haya sido cuestionada por el TSJ. Peor que eso, esas familias no son propietarias de los apartamentos o de las casas. Absurdo es que la Sala Constitucional se considere por encima de la Constitución cuando está obligada no sólo a cumplirla, sino hacerla respetar. Ese tribunal viola constantemente el texto constitucional cuando ha aceptado el estado de excepción, rechazado por la Asamblea Nacional, y dejado que se prolongue continuamente, sin razón alguna.
-¿Qué puede hacer la gente si todavía continuamos en estado de excepción?
-Ese estado de excepción no fue aprobado por la Asamblea Nacional y por lo tanto no se podría aplicar. La Sala Constitucional ha violentado la Constitución y, claramente, eso es muy grave. La ciudadanía lo que tiene que hacer es protestar porque no hay Estado de Derecho. Existe una anomia a las instituciones y a las normas. Por eso se debe continuar con la presión en la calle, independientemente que pueda haber conversaciones entre factores de la oposición con el régimen. Una persona como yo, que anda en la calle atendiendo a la gente, lo que percibe a toda hora es la inquietud, la preocupación y la angustia de la gente. Nos preguntan: ¿cuándo es que va haber un cambio porque ya esta situación es insoportable? Este, indudablemente, es un pueblo con talante democrático. Nuestra gente nunca ha vivido en guerra.
-¿Cuál ha sido el mayor error de este gobierno?
-Creer que por haber sido electo mediante votación son dueños del país, tanto el gobierno como el partido oficialista. Pero, lo más grave han sido las medidas que han adoptado arbitrariamente. Aquí no se escogió un régimen comunista, que es el que se ha venido imponiendo valiéndose del talante democrático de la gente. Aquí se expropiaron fincas y empresas, que nunca fueron pagadas a sus dueños; pero, en lugar de mantenerlas en funcionamiento, quedaron en el abandono, porque sencillamente el Estado es mal administrador y peor ejecutor. Los servicios públicos han empeorado, pero siempre salen los funcionarios achacándole las culpas de la ineficiencia y la irresponsabilidad a otros Y es por ello que la gente está protestando todos los días en todas partes.
-¿Cuál es su opinión en torno a la medida anunciada de detener a quienes cierren las calles por protestar por la falta de gas o agua?
-Es un crimen. El pueblo es muy inteligente y no se va a dejar amedrentar. Protesta por la falta de alimentos. La distribución del gas antes no era ningún problema, porque le llegaba a los suscriptores puntualmente. Ahora es agobiante la falta de ese servicio y por eso la gente sale a la calle con los cilindros y los coloca en la vía porque las empresas no lo suministran a tiempo y lo cobran cada vez más caro. Criminalizar la protesta no va a disminuir las manifestaciones, sino todo lo contrario. Porque no es con amenazas como se resuelven los problemas.
Criminalizar la disidencia
“¿Cómo puede este gobierno hablar de derechos humanos si lo que hace todos los días es desconocerlos?”, se pregunta la Dra. Sobella Mejías. “Este gobierno no acepta la disidencia. Y es por eso que hay presos políticos. En una democracia las opiniones se respetan. Pero, en Venezuela no, porque predomina el concepto de la dictadura cívico-militar. El régimen le ha dado funciones a los militares que no existen en la Constitución ni en ninguna parte del mundo, con excepción de los gobiernos comunistas de Cuba y Corea del Norte, donde los militares ejercen funciones administrativas. Absurdo resulta que uniformados estén organizando colas para comprar comida y que hayan procedido a aplicar medidas de detención a personas que en lugar de estar durmiendo plácidamente se despiertan angustiadas para, desde la tarde del día anterior al que les corresponde comprar por número de cédula, ir hacer la cola en los supermercados donde pueden conseguir dos o tres productos de consumo masivo. Los presos políticos han denunciado torturas físicas y sicológicas por parte de sus opresores. En una verdadera democracia la gente puede opinar libremente, porque es el pueblo el que elige a sus autoridades. Y éstas están sometidas a su decisión. No lo contrario, como sucede aquí”.
