El proceso de diálogo en Venezuela entre gobierno y oposición se vio sumido en la incertidumbre tras la amenaza de la alianza opositora de no acudir a la cita del martes, alegando que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha incumplido acuerdos preliminares. La advertencia plantea la posibilidad de descarrilamiento en las conversaciones para superar la crisis que atraviesa el país.
«No tiene sentido reunirse con quien no hace lo que debe, nosotros hemos cumplido con todo lo acordado de manera formal, el gobierno sigue sin cumplir nada», dijo a la prensa el alcalde del municipio capitalino de Sucre, Carlos Ocariz, quien actúa en la mesa de diálogo como representante de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición.
El diálogo, que se centra en si Maduro permanece o no en el poder, pretende conjurar eventuales escenarios de violencia y buscar soluciones a las tensiones políticas y una compleja crisis económica. Venezuela sufre una desbordada inflación, graves problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, y una fuerte recesión agravada este año por la caída de los precios del petróleo, que supone el 96% de los ingresos por exportaciones del país.
Luego de dos encuentros entre representantes de Maduro y la oposición desde el inicio del proceso el 30 de octubre, la oposición afirma que llegó el momento de revisar los términos de su participación. Algunas de las opciones que barajan, si el gobierno no hace movimientos hacia el cumplimiento de sus acuerdos, son no asistir al encuentro de este martes, reducir drásticamente su presencia a un delegado o limitarse a mantener el diálogo sólo con los facilitadores.
Pese a diferencias evidentes entre los opositores sobre los pasos a seguir, Ocariz comentó que su partido Primero Justicia, la mayor fuerza opositora del país, se inclina por mantener únicamente el contacto con los facilitadores de las conversaciones, entre los que figura un representante del Vaticano, además de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana.
Los adversarios de Maduro señalaron que ellos han dado gestos claros de cumplimiento al suspender sus acciones de calle y modificar la agenda de la Asamblea Nacional, que postergó la realización de un juicio político contra Maduro iniciado en octubre.
El juicio por presunto incumplimiento de sus deberes constitucionales es simbólico y no puede provocar la destitución de Maduro _ya que la constitución no otorga ese poder al Legislativo_, pero según sus impulsores derivará en una «sanción moral» al mandatario, cuya popularidad cae afectada por la crisis.
La oposición además exige la liberación de más de un centenar de activistas políticos y el reconocimiento al Congreso, cuyas competencias fueron anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de estar bajo control del oficialismo.
Las partes también habrían acordado llamar a elecciones en Amazonas para volver a elegir a los diputados de ese estado, luego de que el máximo tribunal bloquease su juramentación por la supuesta compra de votos. La autoridad electoral, vista como favorable al gobierno, tampoco se ha pronunciado al respecto.
El oficialismo, por su parte, niega repetidamente la existencia de algún compromiso.
En ese sentido, el influyente diputado oficialista Diosdado Cabello acusó el lunes al secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, de ser un «irresponsable» que intenta «tutelar a Venezuela», citando una carta que el prelado habría enviado al gobierno.
La oposición afirma que en la carta el papa Francisco instaba a Maduro a cumplir.
«El Papa no ha mandado ninguna carta, quien ha mandado una carta fue el señor Pietro Parolin», dijo Cabello, sin dar detalles sobre el contenido de la misiva.
