Cada vez que el Ejército sustituye a la policía en funciones que no son de su competencia, se producen crímenes o violaciones a los Derechos Humanos, como lo acontecido en Barlovento recientemente, en el que murieron asesinados 12 o más jóvenes venezolanos sin antecedentes policiales, que aunque los tuviesen no tenían por qué morir en poder de ningún cuerpo represivo.
En los países con gobiernos democráticos en los que la Fuerza Armada está subordinada al poder civil, el combate al hampa común es una misión de las policías, las que en caso de emergencia, por no poder controlar con sus armas a los grandes capos del crimen, solicitan la cooperación de las Fuerzas Armadas.
La inseguridad de las personas y los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en el problema más grave que confronta el venezolano frente al hampa desbordada y la incapacidad y, en algunos casos, descomposición de los cuerpos policiales.
Las medidas de alta policía anunciadas como las OLP se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente solicitó la intervención del Ejército para intentar de frenar los hechos delictivos que afectan a todos los venezolanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir, y no lo hizo, a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de apelar al Ejército, compromete a la FANB en responsabilidades represivas para las que no está preparado ni les corresponde, revela que el país ha entrado en una espiral de violencia hamponil, relativamente incontrolable y caótica.
La política de seguridad, expertos en la materia, ha venido siendo enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al crear una policía nacional y ordenar la intervención del Ejército, sin antes establecer y tratar de corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a millones de marginales y creen las fuentes de empleo respectivas, de nada ha servido la represión.
La utilización del Ejército ha dado lugar a por lo menos dos lecturas. Una que aparentemente esa puede ser una solución, si su actuación es de apoyo y se combina con el CICPC y las policías regionales, municipales y con las comunidades. Y otra que los oficiales y soldados del Ejército no han sido preparados para cumplir funciones policiales y se teme el aumento de la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos que por una u otra razón sean detenidos, como sucedió con los jóvenes apresados por oficiales y soldados del Ejército, y luego asesinados, en Barlovento.
Y si a la descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se aprueba una política de desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.
De lo contrario estaríamos entrando en un proceso de radicalización de la represión y la violencia, con consecuencias impredecibles, no deseadas para ninguna nación en la tierra, y en particular para un país democrático y civilizado, como aspiramos a consolidar los venezolanos.
