La revisión de los operativos de seguridad que se implementan en el país, especialmente la Operación para Liberación del Pueblo (OLP), pidió la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
“Si bien es cierto que deben realizarse actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y, sobre todo, contra los más vulnerables e indefensos, porque estaríamos ante una situación más grave, como sería criminalizar a los más pobres. Estaban algunos desmembrados (…) Las autopsias revelaron la forma cruel como fueron ejecutados”, señaló la fiscal, expresó en el marco de una entrevista ofrecida este miércoles a Venevisión.
A juicio de Ortega, «la manera en cómo se están ejecutando los operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos no garantizan la paz ni la tranquilidad. No contribuyen ni fortalecen la tolerancia, por el contrario, lo que hacen es exacerbar la violencia”, dijo.
Las declaraciones se producen a propósito del asesinato de 13 personas en la región de Barlovento, estado Miranda, a manos de efectivos de un comando del Ejército nacional que actuaba en el marco de la OLP.
Ortega condenó la violación de derechos fundamentales y advirtió que el Ministerio Público continúa al frente de la investigación criminal desde el pasado 27 de octubre, cuando recibieron la primera denuncia de desaparición forzada.
En relación con la denuncia de algunos familiares de las víctimas del caso, acerca de que no les han dado acceso para ver a sus deudos en la Morgue de Bello Monte, la Fiscal General afirmó que ellos están en pleno derecho de ver a sus parientes.
Apuntan responsabilidad del Estado
La organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Cofavic emitieron este miércoles sendos comunicados donde condenan la violación de derechos humanos registrada en Barlovento y responsabilizaron al Estado venezolano por no cumplir con garantías contempladas en la Constitución y el derecho internacional.
El capítulo Venezuela de AI señaló que antes de la nueva «masacre» la OLP ya era señalada como responsable de múltiples acciones criminales.
«Los acontecimientos suscitados en Barlovento son solo una muestra más del cúmulo de crímenes de derecho internacional y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el marco de estas operaciones desde que empezaron a aplicarse hace más de un año», señaló la ong.
Así mismo, Amnistía Internacional exigió al Estado cumplir con su obligación de «reparación a las víctimas y garantía de no repetición». Por su parte, la organización venezolana surgida a la raíz de los sucesos de El Caracazo expresó su creencia en que las altas autoridades del Estado por fuerza debieron tener conocimiento de los actos de vulneración de derechos fundamentales cometidos no sólo en Barlovento, sino también en Cariaco.
«Dada la magnitud de los hechos y el temor en los familiares de las víctimas y en la población civil de las localidades de Cariaco, en el estado Sucre y Barlovento del estado Miranda, y por el contexto en que se desarrollaron, es posible determinar que en ambos casos existió un pleno conocimiento del Estado sobre los hechos, debido a que son zonas de alta militarización y control policial, en las cuales se han venido realizando operativos de los cuerpos de seguridad del Estado, algunos enmarcados dentro de la denominada “Operación de Liberación del Pueblo”, señaló un comunicado.
En la primera locación, con base en el relato de las víctimas y sus familiares, Cofavic habla de la presencia de los delitos de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial, mientras que en Cariaco hasta ahora se conoce de la ejecuciones extrajudiciales de 9 personas.
Como exigencias, la ong instó al Ejecutivo a que «revoque las resoluciones que ha dictado para la creación de las denominadas “Zonas de Paz” y haga público la estructura y características, así como informes sobre el denominado plan de seguridad “Operación de Liberación al Pueblo”. Igualmente, que garantice que la investigación criminal de los sucesos se mantenga «estrictamente» dentro de la jurisdicción civil, se excluya de toda diligencia a los cuerpos a los que pertenecen los presuntos autores, y se incluya en el proceso a los familiares de las víctimas.
