El diputado a la Asamblea Nacional Américo de Grazia consignó ante la Fiscalía General de la República la solicitud formal para que se inicien las averiguaciones correspondientes sobre la presunta complicidad del presidente Nicolás Maduro en el caso de los “narcosobrinos”, que conlleven a la apertura de un antejuicio de mérito por el Tribunal Supremo de Justicia.
Desde el Palacio Federal Legislativo, el diputado De Grazia informó que apegados al artículo 266 de la Constitución se hizo la petición oficial ante el Ministerio Público para que esta instancia inicie las investigaciones al presidente Maduro por su presunta vinculación al caso de los “narcosobrinos” y se aclare informaciones que han salido a la luz tras el juicio que se lleva a cabo en los Estados Unidos a estos jóvenes.
El parlamentario detalló que debe explicarse al país si efectivamente se hicieron uso de bienes públicos por parte de los sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores, al igual que otros elementos que fueron tomados en cuenta en el juicio.
“Acudimos en la mañana de hoy a la Fiscalía con ánimo y propósito de solicitarle formalmente a la fiscal Luisa Ortega Díaz que esto se materialice, lo que no impide las acciones que desde la Asamblea Nacional se puedan realizar para agilizar el proceso”, dijo.
Asimismo, ratificó que la fiscal debe actuar en función a las sospechas e indicios que arrojó el juicio como por ejemplo “el uso de pasaporte diplomático para favorecer al narcotráfico”, aseveró De Grazia.
La vinculaciones tendrían que ver con el uso de “la rampa presidencial, el uso de bienes, el uso de contratistas, el uso de funcionarios de las fuerzas armadas, el uso de pasaportes diplomáticos (…) para favorecer al narcotráfico en la figura de (…) los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, que además es diputada”, dijo.
De Grazia, quien ofreció estas declaraciones desde el Parlamento venezolano, indicó que esta solicitud fue entregada hoy en la Fiscalía “con ánimo y propósito” de que “se pueda materializar”, y que puede contar con la contribución de la Asamblea Nacional, “a efectos de agilizar ese proceso”, dijo.
El derecho de antejuicio es una garantía que la Constitución otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente la autoridad competente se haya pronunciado sobre si hay lugar para la formación de causa.
El parlamentario señaló que esta acción no invalida ningún otro acto administrativo que pueda surgir desde la Cámara o de las comisiones que esta pueda conformar para atender el asunto.
“Incluso la fiscal puede actuar sin necesidad de acudir o recurrir a estos mecanismos. Le estamos pidiendo a la fiscal que actúe en función de todas las sospechas, todos los indicios que ha arrojado el juicio” llevado a cabo en Estados Unidos contra los sobrinos de la pareja presidencial, agregó De Grazia.
Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas fueron acusados por una fiscalía federal de Manhattan de conspirar para exportar y distribuir un cargamento de 800 kilogramos de cocaína al país norteamericano, que sería enviado a Honduras desde el terminal presidencial en el aeropuerto de Maiquetía de Venezuela, y de allí a EE.UU.
El Parlamento venezolano aprobó el martes un acuerdo “en rechazo al tráfico de influencias y al abuso de poder” por parte de los sobrinos de la primera dama venezolana, e instó a otros poderes a investigar el caso.
El Legislativo acordó ese día instar a la Fiscalía y a la Contraloría de Venezuela a “iniciar averiguaciones” para determinar si existe mérito para el enjuiciamiento penal en Venezuela de los involucrados en este caso de narcotráfico.
