El margen de error es cada vez menor. Este es el último año en el que el baloncesto profesional en Venezuela puede permitirse un limbo como ese en el que está inmerso. A partir del año 2017, por mandato de FIBA y su nuevo sistema de competencias, la principal liga del país, la Profesional (LPB) tendrá que jugarse entre octubre y abril.
A un año de haberse jugado una LPB “de adecuación”, como fue llamada en su momento la edición 2015-2016, la lección no está aprendida. Ni el Ministerio del Deporte aclara cuándo otorgará las divisas correspondientes al último tercio de la campaña 2015, la totalidad de la 2015-2016 o los términos bajo los que se jugaría la 2016-2017, ni los socios de la LPB han podido hacer oficial un proyecto de calendario, condiciones de competencia y otros aspectos de orden deportivo.
Aquel 18 de diciembre de 2015, Mindeporte, la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) y la LPB parecían ir en una misma dirección. Cerraban un año glorioso para la disciplina en el país tras caminar por un terreno espinoso en temas como la cantidad de importados por franquicia, los dólares a asignar y la posición de FIBA sobre adecuar el calendario lo antes posible.
Se pensó en los compromisos de la selección (Sudamericano de Naciones y Juegos Olímpicos) y se trabajó para competir entre diciembre y mayo e incluso convivir con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), con las complejidades del caso en cuanto a temas como la hotelería, logística de viaje o, lo no menos importante, su difusión a través de la televisión y la radio.
Peligro latente
A pesar de que el comité gerencial de la LPB manifestó el 9 de este mes que ha trabajado en la creación de comisiones de seguridad e infraestructura, un proyecto de calendario y los reglamentos, planificar sin dólares y sobre supuestos, podría convertirse en “arar en el mar”.
Un comienzo tardío podría poner en riesgo la participación de las selecciones de Venezuela en los torneos continentales e incluso la de los propios clubes en la Liga de las Américas FIBA, el más inmediato de esos compromisos y del que Guaros de Lara es campeón defensor.
La ausencia de un pronunciamiento por parte de autoridades gubernamentales sobre el asunto incrementa el vacío de información y con ello los riesgos con los que el ente federativo nacional tendrá que lidiar en el futuro cercano al rendir cuentas a FIBA.
La disposición de los dueños de equipos a competir desde diciembre existe, con mayor o menor capacidad para asumirlo en lo económico según cada caso pero con un denominador común: necesidad de los dólares adeudados.
Casos Colombia y Brasil
Ejemplos claros de las dificultades por venir los hay en Colombia y Brasil. En el primer caso, el retiro de DirecTV como patrocinante y la negociación dilatada para derechos de televisión obligó a los ocho equipos de la LPB del país vecino a postergar su campeonato hasta marzo de 2017 y competir en una adecuación desde ese mes hasta junio para entonces -en octubre- jugar bajo el nuevo calendario FIBA 2017-2018.
En el caso de Brasil, aunque su liga NBB sigue en desarrollo, su confederación (CBB) fue suspendida por la FIBA al no cumplir “sus obligaciones de acuerdo con los estatutos”. Brasil no puede competir a nivel internacional en ninguna categoría o rama por incumplir pagos con la FIBA y por dejar de organizar torneos nacionales a nivel juvenil, así como su evento internacional en la modalidad 3×3. También por permitir el financiamiento e intervención de terceros en sus selecciones.
Si la reciente sede de Juegos Olímpicos puede recibir un castigo de tal severidad, es lógico pensar que Venezuela, el país de mayor evolución en cuanto a resultados deportivos y organizativos en el último lustro en la región en esta disciplina, puede sufrir las mismas consecuencias. Evitarlo aún es posible pero requerirá de acciones, más que solo de palabras.
