Darwin González, Jeanpier Peña, Joan Crespo, Francisco Nelo, Keibelyn Garcés, José Alejo, Richard Azuaje, José Chávez, Yineska Romero y Zugehydy Manzano eran, hasta hace algunos días, trabajadores formales de Restaurantes Tropicales C.A (mejor conocido como Pollo Tropical por su denominación publicitaria), ubicada en el Centro Comercial Sambil. No obstante, por sugerencia de Arelis Alvarado (gerente de recursos humanos de la empresa), y por “supuestos problemas en los números”, fueron despedidos injustificadamente. Así lo narra Harold Contreras y María Eugenia Pérez, representantes legales de los trabajadores.
Para ellos, que además estuvieron acompañados y secundados por los afectados, “el cierre fue repentino porque los dueños del local –que también son propietarios de la Estación de Servicios Las Morochas (en Las Piedras), Sega Fredo Café, Pinkberry, y otras empresas del grupo comercial Rica- decidieron cerrar, hacer remodelaciones, e instalar en ese espacio otra empresa con diferente denominación”.
Lo que no consideraron –explica Contreras- es que ese no es el modo de proceder; al contrario, la ley es clara y establece que estos trabajadores gozan de inamovilidad laboral, que deben permanecer en sus áreas de trabajo y que cualquier pago que se les haga, fuera de la inspectoría correspondiente, se toma como un adelanto mas no como liquidación.
Por esta razón, y considerando que “el despido se hizo bajo la figura de una renuncia que ningún trabajador firmó”, los afectados denunciaron las irregularidades ante las oficinas del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social en el estado Lara, pero la administración de Pollo Tropical se niega a acatar las órdenes emanadas por ellos. “Ayer (jueves) acudimos con un funcionario de la Inspectoría del Trabajo a materializar el reenganche de los trabajadores, pero la empresa, a través de la misma licenciada Alvarado, incurrió en desacato a la ley al negarse a hacer efectiva esta orden”, indicó el abogado.
Es por ello que los afectados, bajo la respectiva asistencia jurídica, “emprenderán acciones penales que pudiesen terminar en una privativa de libertad para los dueños y administradores del local comercial por desacato a la ley”, así sentenció Contreras al enfatizar que, aparte del reenganche, exigen el pago de bonos y de horas extras que están pendiente y el reconocimiento de salarios caídos.
“La ley en Venezuela es clara (…) por eso nosotros exigimos que se respeten los derechos de estos trabajadores y se les devuelvan sus beneficios (…) no es posible que 19 familias, dependientes de estos salarios, hayan quedado a la deriva”, concluyó Contreras.
