Los esfuerzos del Gobierno por negar la gravedad de la escasez de alimentos y medicinas que padece Venezuela han caído en saco roto. Al menos esa es la sensación que dejó la primera sesión del II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos a la que fue sometido el país este martes 1º de noviembre, pues 14 países le expresaron a la delegación encabezada por la canciller Delcy Rodríguez su preocupación por la información que manejaban y le solicitaron tomar medidas para resolverla.
Sin embargo, lo llamativo de lo ocurrido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue que no solo países desarrollados como Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia o Suecia manifestaron su alarma por la situación que obliga a millones de ciudadanos a hacer colas de hasta ocho horas para adquirir desde harina de maíz hasta papel de baño, sino que incluso aliados del Gobierno de Nicolás Maduro como Corea del Norte o Bangladesh también lo hicieron, aunque de manera muy diplomática.
El representante del régimen de Pyongyang instó a sus pares venezolanos a que “impulsen la producción nacional de alimentos” mediante distintas formas, incluyendo los cultivos urbanos. A lo largo de la década de los 90 el país asiático sufrió una serie de hambrunas que, según reconocieron sus autoridades en 2001, dejaron unos 250 mil muertos.
La intervención de Corea del Norte echó por tierra la tesis de Rodríguez, según la cual la evaluación de Venezuela sería una confrontación entre “fracasados (quienes apoyan el capitalismo) y militantes de la vida (por aquellos que impulsan modelos alternativos)”.
Efectos irreversibles
Más duro fue el representante de Suecia, el cual expresó su preocupación porque el país pueda vivir una situación de “hambruna” e instó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, en especial para proteger a los niños de los efectos de la crisis, no sin antes advertir de que los efectos sobre los más pequeños pueden “volverse irreversibles”.
Los funcionarios venezolanos, por su parte, reconocieron la existencia del desabastecimiento, pero como ya lo vienen haciendo dentro del país la achacaron a “la guerra económica” que empresarios y opositores tienen en su contra, así como al “cerco económico” impuesto por “las potencias imperiales”.
“Durante este año se han registrado fallas puntuales y alternas en el suministro de algunos medicamentos, pero es por el cerco económico”, soltó la ministra de Salud, Luisana Melo, quien aseveró que su despacho “garantiza de forma totalmente gratuita 230 medicamentos de alto costo, beneficiando a 780 mil personas”.
Gremios farmacéuticos y médicos han asegurado que la escasez de medicinas supera el 80% y por ello a lo largo del año se han registrado distintas manifestaciones de pacientes exigiendo que se les garantice su derecho a la salud.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Blanca Eeckhout, aseguró en el Consejo que en 2019 la pobreza extrema será erradicada.
Canadá pidió eliminar la OLP
Las ejecuciones extrajudiciales fue uno de los siete temas más mencionados por los Estados que intervinieron en la sesión del II Examen Periódico Universal que se realizó el martes en la sede de Naciones Unidas para analizar la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Canadá, Argentina, Austria, España, Vaticano, Francia, Suecia, Ghana, Maldivas y Qatar fueron algunos de los países que expresaron preocupación y exhortaron al Estado venezolano a tomar medidas ante una serie de denuncias de asesinatos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad y las fuerzas militares.
El tiempo asignado a cada Estado para su intervención -un minuto y 10 segundos- no permitió ahondar en denuncias y casos específicos, sin embargo esto no impidió que además de referir la problemática hicieran recomendaciones a la delegación de Venezuela para atender los casos de violación del derecho a la vida.
El representante de Canadá fue el más específico al solicitar a Venezuela “poner fin a la OLP (Operaciones de Liberación del Pueblo) y a otras acciones de represión ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado”. Según registros de las ONG, en el primer año de la OLP se habrían cometido más de 600 homicidios relacionadas con estos operativos del Gobierno.
Las organizaciones no gubernamentales Provea y Cofavic han venido haciendo seguimiento a estos procedimientos calificados como razzias y operaciones de exterminio implementadas por el Gobierno de Nicolás Maduro en julio de 2015 y relanzadas este año, como “política” para combatir la criminalidad.
En 2013 Cofavic documentó 669 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país; en 2014 fueron 1.018 y en 2015 subió a 1.396 (37% de aumento).
En el informe 2015 de Provea asegura que el Ministerio Público registró 245 ejecuciones sumarias presuntamente cometidas por funcionarios policiales en distintos ámbitos. Esta cifra sumada a las 215 ejecuciones extrajudiciales registradas por Provea, arrojan la cantidad de 460 casos de violaciones al derecho a la vida. Según la ONG esto representa un aumento de 109% y es la cifra más alta desde el Caracazo en 1989.
El Vaticano también hizo recomendaciones sobre este tema y puntualmente pidió “investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza”.
España y Argentina también cuestionaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad. Además el país sureño se refirió a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden y solicitó “garantizar que los responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia”.
Ghana expresó preocupación por “los patrones generalizados de ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por la policía y pide que sean investigados rápido e imparcialmente y que se aplique justicia a los responsables”.
Otras naciones, como Uruguay, Francia y Suecia se refirieron a las desapariciones forzadas, la tortura y la gran cantidad de homicidios que ocurren en Venezuela. “Preocupa la violencia excesiva de los militares y los cuerpos policiales”, dijo el representante del país escandinavo.
Independencia de poderes
El Examen Periódico Universal de Venezuela reveló la preocupación de numerosos países por la falta de autonomía de los poderes públicos. Específicamente cuestionaron la independencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral
21 de los 103 países que intervinieron en la evaluación de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, realizada el martes 1º de noviembre de 2016 en la ciudad de Ginebra, coincidieron en una misma recomendación: Venezuela debe trabajar para asegurar la separación de poderes y garantizar el acceso a un sistema de justicia imparcial.
Específicamente, las delegaciones se pronunciaron acerca de la parcialidad en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y también en las acciones del Consejo Nacional Electoral.
Durante la fase del Examen Periódico Universal conocida como “diálogo interactivo”, los 103 países inscritos para hablar tuvieron 1 minuto y 10 segundos para hacer sus observaciones y ofrecer recomendaciones sobre el respeto a los derechos humanos.
La reiteración de la obligación por garantizar la imparcialidad de los poderes públicos dejó en evidencia la preocupación que existe entre muchos de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
“Australia recomienda que Venezuela respete cabalmente la democracia representativa, la separación de poderes, el estado de derecho y el debido proceso”, dijo el representante de dicha delegación.
Holanda también coincidió en que Venezuela debía tomar acciones para garantizar la independencia de los jueces y fiscales; recomendó además solventar la situación de provisionalidad que afecta a la mayoría de los miembros del Poder Judicial.
Mercedes De Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, explica que “contar con un sistema de justicia independiente y autónomo, y un poder judicial que trabaje en pro de reducir la impunidad, es importante porque ese es el piso del estado de derecho; esa es la base del sistema democrático frente al cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.
De Freites acota que la cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo es un riesgo a la democracia y al respeto a los derechos humanos, de allí la preeminencia del tema en las recomendaciones del EPU. “Sin justicia no podemos garantizar los derechos humanos”, agregó la directora de la ONG.
Los Estados que le recomendaron a Venezuela respetar la autonomía de los poderes fueron: México, Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, Australia, Canadá, el Vaticano, Noruega, Japón, Finlandia, Guatemala, Costa Rica, Chile, Argentina, Francia, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, España y Corea del Sur.
Situación carcelaria e inseguridad
La inseguridad y la crisis carcelaria fueron otros de los asuntos más abordados en el EPU. Más de una veintena de países le solicitaron a las autoridades información sobre sus planes para resolver esta situación.
El viceministro del Interior, Hanthony Rafael Coello, sorprendió a propios y extraños al afirmar que el número de muertes por culpa del hampa viene cayendo. “La tasa de homicidios en el período 2012 a 2015 ha experimentado una tendencia a la baja, según el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana en 2012 estaba en 55 homicidios por cada 100 mil mientras que en 2015 se situó en 51 por cada 100 mil habitantes, siendo la mayoría ajustes de cuentas”.
Los datos aportados por el funcionario contrastan con los que en julio del año pasado aportó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a otra instancia de la ONU y donde reconoció que el índice de homicidios en 2014 cerró en 62 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, en mayo de este año reveló que 4.696 venezolanos fueron asesinados en el primer trimestre de 2016, cifra que es 6,8 % superior a la del mismo período del año pasado, cuando se registraron 4.393 homicidios.
En la misma tónica se presentó la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien aseguró haber acabado con el hacinamiento carcelario. Esto, a pesar de que en los calabozos policiales hay más de 30 mil detenidos, según el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
