El conservador Mariano Rajoy juró este lunes como presidente del Gobierno español, iniciando su segundo mandato consecutivo, esta vez en minoría y ante un Parlamento hostil, que pondrá a prueba su capacidad de diálogo.
Tras obtener el voto de confianza con mayoría simple en el Parlamento la noche del sábado, poniendo fin a diez meses de bloqueo político en España, Rajoy acudió en la mañana del lunes al Palacio real de la Zarzuela para jurar el cargo.
«Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno con lealtad al rey», expresó con una mano sobre la Constitución española y otra sobre la Biblia.
Luego, fue saludado por el rey Felipe VI, quien firmó el domingo su primer decreto nombrando a un jefe de gobierno desde que asumió el trono en 2014 tras abdicar su padre Juan Carlos I.
Rajoy, de 61 años, y desde 2011 en el poder, dedicará los próximos días a la formación de su nuevo gabinete, cuyos integrantes desvelará el jueves, para convocar a un primer consejo de ministros para un día después.
A sabiendas de que tiene por delante una legislatura complicada, Rajoy escribió en la red Twitter que asume el reto «con lealtad y responsabilidad».
Obligado a negociar
A diferencia de su primer gobierno, con mayoría absoluta, contará ahora sólo con el apoyo garantizado de los 137 diputados del Partido Popular (PP) en la Cámara Baja de 350 escaños, por lo tanto se verá obligado a negociar ley a ley.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la segunda fuerza en el Parlamento, que con su abstención permitió la investidura, advirtió que no garantizará la estabilidad de los conservadores.
También tiene asegurada la resistencia de la tercera fuerza, la coalición de izquierda radical Unidos Podemos, que se proclama como oposición al gobierno conservador en vista de una crisis interna que desgarra a los socialistas.
La formación liberal de centro Ciudadanos, cuyos 32 diputados respaldaron la investidura de Rajoy, vigilará que se cumpla con un paquete de más de 100 reformas al que éste se comprometió.
«Sea el gobierno que sea, va a haber cambio de rumbo y va a haber medidas reformistas», garantizó Juan Manuel Villegas, portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos.
Aunque se ha mostrado abierto al diálogo, Rajoy advirtió el sábado no estar «dispuesto a derribar lo construido», un mensaje que reiteró un portavoz de su Partido Popular (PP, derecha) este lunes.
«Sí al diálogo, pero no podemos gobernar aplicando el programa de otros», señaló el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, al advertir contra una «competición para ver quién hace más oposición» en el Parlamento, lo que podría desembocar en una legislatura «tremendamente corta».
Reestructuración
Luego de un primer gobierno en el que el PP se desgastó por la corrupción de varios de sus miembros y la gestión austera de la crisis, la prensa española especulaba este lunes con la posibilidad de una «gran reestructuración» del gabinete de Rajoy.
Un alto cargo del PP apostó por la salida de los ministros en edad de jubilación, incluyendo al del Interior, Jorge Fernández Díaz, señalado de haber intentado incriminar a adversarios independentistas catalanes, y posiblemente al de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y al de Defensa, Pedro Morenés.
Entre los que se quedarían, según la fuente, estarían la vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Fátima Báñez, ministra de Empleo, responsable de implementar una reforma laboral muy criticada por la izquierda porque abarató los despidos.
Rajoy tiene otras tres vacantes: Industria, que dejó José Manuel Soria, envuelto en el escándalo de los papeles de Panamá; Sanidad, que ocupaba Ana Mato, investigada como beneficiaria de sobornos cobrados por su exmarido; y Fomento, donde estaba Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso de los Diputados (cortes).
El gabinete debe ponerse a trabajar sin dilación y afrontar temas clave como la educación, las pensiones, la alta tasa de desempleo o el proceso independentista en Cataluña.
La prioridad es el presupuesto del Estado para 2017, que debería incluir un recorte de 5.500 millones de euros para respetar el objetivo de reducción del déficit pactado con Bruselas, que es resistido por la oposición.
