Los últimos acontecimientos ocurridos en el país, donde se involucran entre si el Ejecutivo Nacional y el T.S.J., haciendo del conocimiento público algunas medidas, decretos y decisiones, las mismas apuntan al rompimiento del hilo constitucional y a encontrarnos frente a un régimen con visos de dictadura.
Así tenemos, como desde el arribo de la actual directiva de la A.N.L. se convirtió en un lugar común, el desconocimiento del organismo legislativo por parte del gobierno nacional con la anuencia o “complicidad” del T.S.J. dejando sin efecto y descalificando todas las leyes aprobadas desde el Parlamento Nacional.
Pero eso no lo es todo, el síndrome del autoritarismo totalitario del régimen los tienta a la pretensión de convertirse también en legisladores y es así como vía declaratoria de emergencias económicas o Decretos Ley, con el aval de la sala constitucional del T.S.J., tratan de imponer un gobierno supremo, gigante y eterno, tal como los regocijan esos términos.
También cada vez es más notoria, la presencia de la alta jerarquía militar en cargos públicos relevantes, sin alcanzar logros dignos de destacar, pero con la manida intención de mostrar o hacer creer, que estamos frente a un gobierno con total integración de la unión cívico-militar en Venezuela.
Ahora bien, durante todo este tiempo se han ido acumulando una gran cantidad de desaguisados, de violaciones a la carta magna, con un Poder Judicial y un Poder Electoral subordinados al alto gobierno, sin ningún tipo de disimulos, y obstaculizando a todo evento, la convivencia democrática.
No obstante, fue en estos días cuando las cosas alcanzaron su máxima altura, al tomar el Presidente Maduro la decisión de presentar el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2.017 ante la sala constitucional del T.S.J. en lugar de hacerlo ante la A.N.L. como lo establece la constitución, aprobándolo vía decreto por la Ley de Emergencia Económica.
Con esta decisión, según la opinión de connotados abogados, en extremo inconstitucional, se violaron 07 artículos de la constitución: ( 187, 311, 312, 313, 314, 315, 203 ) y 03 artículos de la Ley Anticorrupción ( 58, 59, 60 ) y además, el Presidente Maduro ha amenazado a aquellos Gobernadores y Alcaldes que no suscriban la carta de Acatamiento de la Sentencia del T.S.J., que a partir de enero 2.017, no recibirán ni “medio” del situado constitucional.
De tal manera, que una vez más ha quedado demostrado que no existe autonomía e independencia de los poderes públicos, esencial para que exista la democracia, y el T.S.J. de un plumazo suplió la Constitución; y aunque el artículo 336 le confiere 11 atribuciones a la sala constitucional del T.S.J., ninguna les confiere poder para usurpar las de la A.N.L., legislar y ser el ente contralor de los poderes públicos.
Sin embargo existen otras actuaciones que dejan mucho que desear, como esa de amenazar y chantajear a Gobernadores y Alcaldes que no avalen ese bodrio jurídico del T.S.J. con no enviarle los recursos del situado constitucional, tal como ocurre con la A.N.L. desde marzo del 2.016, olvidándose que se trata de unos recursos que no son del Ejecutivo, y cuya asignación está establecido en la Ley de la República.
En fin, creemos que poco a poco se están cayendo las caretas “rojas-rojitas”, y se les está haciendo cada día más difícil disimular o esconder la realidad existente: estamos en presencia de una dictadura, inspirada en el castro-comunismo cubano, que nos conduce hacia un estado de pobreza física y mental a toda la población. Valor y Pa´lante.
